Cientos de estudiantes continuaban atrincherados ayer en la Universidad Politécnica de Nicaragua para reclamar la renuncia del presidente, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo. También exigían la liberación de los detenidos durante las protestas que comenzaron el miércoles, en las que murieron casi 30 personas, y el cese de la represión.
En la mañana la Policía informó que había cumplido con uno de esos reclamos: la liberación de todos los arrestados durante la protesta o, según el comunicado oficial, “las personas detenidas por las graves alteraciones al orden público ocurridas en los últimos días”. En el texto la Policía no informa cuántas fueron las personas liberadas, pero afirma que fueron entregadas a sus familiares y a “comisiones de sacerdotes”. Sin embargo, el diario nicaragüense La Prensa se hace eco de denuncias de que los liberados fueron abandonados en la carretera y de personas que dicen que sus familiares permanecen o en prisión o desaparecidos.
Organizaciones civiles han pedido al gobierno que entregue una lista con las personas liberadas para facilitar la tarea de búsqueda de quienes siguen desaparecidos. Según testimonios de quienes quedaron en libertad, había más de 300 personas detenidas y 60 desaparecidas.
Mientras tanto, la tensión también se sentía en la Asamblea Nacional, el parlamento nicaragüense, donde la oposición protestaba por las muertes ocurridas durante la represión de las protestas y exigía explicaciones por parte del gobierno. Por su parte, el oficialismo promovía una declaración de apoyo al Ejecutivo. La resolución, que fue aprobada, manifiesta el “respaldo incondicional” al gobierno y hace un llamado al diálogo para promover la paz en Nicaragua. En la misma línea se manifestó la vicepresidenta Murillo: “Somos capaces de volvernos a entender [...] y de retomar las banderas de reconciliación”, dijo al Canal 4 de Nicaragua.
Así como la oposición, la Organización de las Naciones Unidas pidió al gobierno que investigue la represión de las protestas. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos indicó en un comunicado que recibió información de que “un número” no determinado de las muertes durante las protestas “podrían definirse como asesinatos no justificados”. El texto agrega que “es esencial que todas las alegaciones de uso excesivo de la fuerza por las fuerzas policiales y otros cuerpos de seguridad sean investigadas efectivamente y que todos los responsables asuman sus responsabilidades.
En paralelo, la movilización social parece crecer. Después de una multitudinaria marcha pacífica el lunes, los estudiantes siguen movilizados, con ocupaciones y marchas, y ayer se sumó el movimiento campesino, que llamó a hacer un paro nacional hasta que las demandas de los estudiantes sean atendidas.
El gobierno, por su parte, ha llamado en forma reiterada a un diálogo nacional en el que nadie parece estar dispuesto a incorporarse. En particular, el Ejecutivo llamó a las organizaciones empresariales, que fueron afectadas por la reforma de la seguridad social –una iniciativa que finalmente fue derogada y que fue el punto de partida de las protestas–, pero estas dejaron en manos del arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, la responsabilidad de negociar las condiciones para establecer el diálogo. A su vez, el empresariado exige que haya otros sectores representados en ese intercambio, como los estudiantes y los trabajadores, y que las conversaciones no se limiten a la reforma de la seguridad social sino que también incluyan otros asuntos.