Managua y otras ciudades de Nicaragua son, desde el miércoles, escenario de multitudinarias protestas, que hasta ayer provocaron la muerte de 27 personas, por enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Entre quienes murieron se encuentra el periodista nicaragüense Ángel Ganoa, que el sábado recibió un disparo en la cabeza mientras cubría en vivo las movilizaciones de la ciudad de Bluefields para el diario local El Meridiano.

También hubo más de 300 heridos –informó la Cruz Roja– y decenas de manifestantes fueron detenidos, acusados de atacar edificios públicos y privados, armar barricadas, lanzar piedras y quemar cubiertas. Para dispersar las protestas, la Policía usó gases lacrimógenos y balas de goma, informó la prensa nicaragüense. Los manifestantes denunciaron en las redes sociales la represión de las fuerzas de seguridad y el apoyo de los policías a grupos afines al gobierno que también se manifestaron.

Además, en una medida que tensó todavía más el ambiente, el gobierno ordenó el despliegue del Ejército en ciudades claves del país, incluida la capital. Esa institución militar aseguró en un comunicado que salió a las calles para proteger “entidades y objetivos estratégicos vitales para el funcionamiento del país”.

Junto a las protestas, se propagó el fin de semana una ola de saqueos que obligó ayer a comercios y supermercados de todo el país a cerrar sus puertas. Al menos tres canales de televisión locales que transmitían las manifestaciones en vivo reportaron además que sus señales fueron abruptamente cortadas.

Los nicaragüenses salieron a las calles para manifestarse contra la reforma de la Ley de Seguridad Social que el gobierno del presidente Daniel Ortega anunció el lunes, aprobó el miércoles y ayer, finalmente, derogó. La medida, que afectaba a trabajadores, los jubilados y las empresas, se aprobó sin consultar antes con los distintos sectores involucrados. El objetivo del gobierno era evitar la quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), que está en déficit desde hace cinco años. Para lograrlo, proponía aumentar el aporte de los trabajadores y los empleadores. La iniciativa establecía, además, la reducción en 5% de las jubilaciones.

Ortega dijo ayer que el Consejo Directivo del INSS acordó revocar las dos resoluciones que sirvieron como “detonante” para que se iniciara lo que calificó de una “situación dramática” en el país. Reconoció que la propuesta no tuvo “viabilidad” y que fue revocada para facilitar el diálogo con el sector privado y representantes de los trabajadores.

El mandatario también tenía encima la presión de la oposición política. El mismo día que se aprobó la reforma, la bancada del opositor Partido Liberal Constitucionalista afirmó que las medidas constituyen un “duro golpe” para todos los nicaragüenses, en especial para “la clase trabajadora”, que ya enfrenta una “carestía de los productos y servicios básicos”. El grupo parlamentario denunció que, “una vez más”, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional “violenta la Constitución y leyes de la república al imponer medidas que no fueron consultadas, ni consensuadas con los diversos sectores” que serían afectados.

Por su parte, Ciudadanos por la Libertad pidió a la comunidad internacional su “atención y solidaridad” para con la “grave crisis” que atraviesa Nicaragua, que, a su entender, incluye “continuas violaciones a los derechos de los nicaragüenses”, cansados “de tanto abuso de poder y corrupción”.

En tanto, el izquierdista Frente Amplio por la Democracia denunció la represión de las fuerzas gubernamentales y exigió la dimisión de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

El sábado, en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Ortega aseguró que su gobierno estaba abierto a que se modificara la polémica reforma y llamó a las empresas al “diálogo”. Explicó que, según lo programado, la reforma entraría en vigor el 1º de julio, por lo que había tiempo para instalar una mesa de diálogo y “ver qué ajuste se le puede hacer a este decreto o si hay que hacer uno nuevo”. En ningún momento se refirió al número de muertos y heridos durante los enfrentamientos, aunque culpó por la violencia a “pequeños grupos de la oposición”, sin dar más detalles.

Más tarde, el principal organismo empresarial del país, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), respondió en un comunicado que no iba a entablar conversaciones con ningún delegado oficial hasta que el gobierno pusiera fin a la “represión policial”, liberara a personas que fueron detenidas “por protestar pacíficamente” y restableciera “la libertad de expresión sin restricciones”. También abogó por un diálogo que parta “de una agenda amplia en la que se incluyan los temas de interés nacional con la participación de representantes de la juventud, sectores académicos y la Conferencia Episcopal”.

Quienes se manifestaron en los últimos días aseguraron por distintas vías que las protestas iban más allá de la reforma de la seguridad social. Se movilizaron también contra los supuestos fraudes electorales, las continuas alzas de los combustibles, la impunidad de la Policía, las muertes de campesinos opositores sin resolver y el discurso oficial de “paz y reconciliación”, que, consideraron, no refleja la realidad del país.