El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley sobre cancelación de deudas y otro sobre inversión y desarrollo productivo, que fueron votados por unanimidad la semana pasada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, y que en la primera sesión de junio serán considerados por el plenario.

El primero apunta a dar beneficios a los contribuyentes de la Dirección General Impositiva (DGI) en “cuestiones que históricamente han sido objeto de pugna con la administración”, explicó el jueves en la comisión el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, según consta en la versión taquigráfica. Dispone, entre otras medidas, que la DGI sólo podrá clausurar un establecimiento comercial con una resolución del Poder Judicial. En cambio, la normativa actual establece que si ante una solicitud de la DGI el juez o jueza no se pronuncia en un plazo de tres días, la administración tributaria puede proceder a la clausura.

La iniciativa también le quita a la DGI la potestad de suspender el certificado de vigencia anual de una empresa por deudas. “Esto opera como una sanción demasiado gravosa para el contribuyente. Estamos ante un contribuyente que fue embargado porque tiene una deuda, pero si además se le suspende el certificado de vigencia anual no puede comerciar y, por lo tanto, pierde la posibilidad de pagar la deuda. Ahora se establece que cuando se genera la cautela, el embargo, no se le suspenda al contribuyente el certificado de vigencia anual para que pueda trabajar, entre otras cosas, para pagar la deuda”, explicó Ferreri en comisión.

Además, el Ejecutivo propone adaptar la legislación a los pronunciamientos de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en materia de recursos contra la administración tributaria. La SCJ consideró inconstitucional una disposición que le impedía al contribuyente recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en caso de denuncia penal en su contra por evasión, y el gobierno propone ahora eliminar esta disposición.

El proyecto también dispone que la DGI deberá notificar obligatoriamente al contribuyente el acta final de una inspección y suspende los recargos por mora en el período en que la DGI dicta un acto administrativo si este luego es recurrido y anulado total o parcialmente por el TCA.

Finalmente, la iniciativa extiende los plazos para que las sociedades presenten información sobre sus beneficiarios finales. El plazo vencía el 30 de junio, pero se extiende al 30 de setiembre en los casos de sociedades de responsabilidad limitada y fideicomisos, y al 30 de noviembre en caso del resto de las sociedades, con excepción de las anónimas con acciones nominativas, que mantienen el 30 de junio como fecha límite. Ferreri explicó que se tomó esa decisión porque la Auditoría Interna de la Nación tiene “un trabajo administrativo muy importante” procesando información sobre “una cantidad muy grande de empresas”, y podría darse el caso de que las empresas no pudieran registrarse por ese motivo.

Además, según explicó en comisión el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, se habilitará a las empresas la refinanciación de las deudas por aportes personales. Esta posibilidad ya estaba contemplada en normas anteriores, pero eran temporales. El Poder Ejecutivo propone extender el beneficio para las deudas que se haya contraído desde 2013. Murro aclaró que no está “perdonando deudas”, sino estableciendo “una forma de refinanciación que al mismo tiempo permita a las empresas regularizarse y seguir funcionando, y a los trabajadores tener los derechos que les corresponden”.

Para las pequeñas y medianas

El otro proyecto votado en comisión el jueves apunta a promover las inversiones de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Incrementa los beneficios automáticos por inversiones en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) para aquellas empresas que facturan menos de 20 millones de pesos. La normativa actual establece que las pymes pueden exonerar 40% de las inversiones ejecutadas en bienes muebles y 20% de inversiones en inmuebles; el proyecto incrementa ese porcentaje a 60% en el primer caso y a 30% en el segundo. Para el sector del software, biotecnología y bioinformática se establece que si la actividad en cuestión se desarrolla 100% en Uruguay, estará 100% exonerada del IRAE. Actualmente, la exoneración depende de si el software se exporta o se vende en el mercado interno.

Asimismo, la iniciativa implementa la posibilidad de establecer un régimen simplificado de Impuesto al Patrimonio para las pequeñas empresas y habilita a importar sin recargos partes necesarias para la fabricación nacional de maquinaria agrícola.

La oposición expresó en sala su conformidad con las dos iniciativas. El senador nacionalista Álvaro Delgado opinó que el proyecto sobre deudas “otorga más garantías a los contribuyentes”, y el senador del mismo partido Luis Alberto Heber destacó que “ayuda a que la gente pueda pagar”. Heber también elogió a la DGI: “Es la repartición de la administración que mejor funciona, porque recauda muy bien. Tenemos un gran Estado recaudador y estoy felicitando al gobierno”, expresó.