En una sesión clave que se extendió durante más de 12 horas, el Senado de Argentina aprobó una ley que limita los aumentos de tarifas de los servicios públicos dictados por el gobierno de Mauricio Macri. La norma ya había sido aprobada por Diputados, por lo que ahora será enviada al presidente, quien adelantó que la vetará y, según fuentes cercanas al gobierno consultadas por el diario La Nación, lo hará en las próximas horas.

La ley contó con el respaldo de los 37 votos peronistas y el rechazo de 30 senadores oficialistas y afines al gobierno. La norma deroga los aumentos de las tarifas dispuestos desde noviembre –que son los más altos– y establece que los próximos se ajusten de forma proporcional al incremento de los salarios en el caso de los usuarios residenciales, y a la variación de los precios mayoristas para las pequeñas y medianas empresas.

El principal argumento del gobierno para justificar el inminente veto es el costo que tendría retrotraer las tarifas a noviembre. Según el Ministerio de Hacienda, implicaría que el Estado renuncie a cobrar mediante las tarifas de agua, electricidad y gas más de 115.000 millones de pesos argentinos, unos 4.500 millones de dólares. En algún momento el Ejecutivo manejó la posibilidad de evadir el veto impugnando la constitucionalidad de la ley con el argumento de que es el Ejecutivo el que tiene la potestad de fijar las tarifas.

En respuesta a ese argumento, muchos senadores opositores reivindicaron la importancia de la política sobre la economía en estos temas que impactan tanto en la población y subrayaron que el Congreso debe tratar las cuestiones políticas. Algo similar había manifestado, antes de la sesión, Miguel Ángel Pichetto, que es presidente de la bancada Argentina Federal, que reúne a todo el justicialismo no kirchnerista, y fue una figura fundamental para la votación y aprobación del proyecto en el Senado. “Es un mensaje político del Congreso, dirigido al gobierno, de que hay poca tolerancia social” ante los aumentos de las tarifas, dijo, en referencia a la eventual aprobación de la iniciativa. También en defensa del tratamiento de este proyecto, varios senadores coincidieron con su compañero de cámara Juan Mario Pais en que es deber del Congreso “garantizar el acceso de los argentinos a los servicios básicos” y hacer respetar “los derechos de la gente”.

Otro tema que generó pronunciamientos durante la sesión de ayer fue el hecho de que Macri pidiera a los senadores que “demuestren que no se dejan llevar por las locuras que impulsa Cristina [Fernández]”. También fue Pichetto uno de los primeros en referirse a esa frase del presidente, y consideró necesario “abrir un marco de diálogo reflexivo, salir de este planteo de agredir”. El senador Alfredo Luenzo, de Argentina Federal, aseguró por su parte que no sigue “ni a Mauricio ni a Cristina” y consideró “inadecuado” que el mandatario se refiera de esa manera a una senadora en particular y a toda la cámara alta en general. También la senadora Silvina García Larraburu se refirió a este tema: dijo que le había dado “vergüenza ajena” el “discurso berreta” de Macri, que fue “misógino” y buscó “profundizar la grieta”.

Por su parte, la senadora oficialista Gladys González fue crítica con la oposición, a la que acusó de que si avanza con un proyecto de ley que es “irresponsable” es porque “sabe que va a ser vetado”.