La Autoridad Nacional Palestina pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie de inmediato una investigación sobre hechos ocurridos en el marco de la ocupación por parte de Israel de territorios palestinos, incluida la muerte de decenas de personas en las últimas protestas en la Franja de Gaza.
Como Estado miembro de la CPI desde hace tres años, Palestina puede presentar denuncias y queda en manos de los fiscales la decisión de abrir o no las investigaciones solicitadas. Desde que Palestina se incorporó a este sistema internacional de Justicia, la fiscal del tribunal penal de La Haya, Fatou Bensouda, se ha limitado a recopilar información, sin acusar a Israel, que no firmó el Estatuto de Roma.
Entre otras cosas, Palestina denunció la muerte de civiles, la expulsión de la población palestina de su territorio, la apropiación ilegal de sus tierras, la demolición de casas y otros edificios, y la política de asentamientos israelíes en su territorio. “El régimen colonial practica el desplazamiento forzoso de población palestina y la transferencia ilegal de ciudadanos israelíes a un territorio bajo ocupación para perpetuar así su presencia”, denunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores. El titular de la cartera, Riad Malki, dijo en una conferencia de prensa, después de presentar la denuncia, que “al mantener y ampliar los asentamientos, Israel comete crímenes de guerra y contra la humanidad, así como el crimen de apartheid contra el pueblo palestino”.
El canciller también lamentó: “Los crímenes siguen perpetrándose y nadie hace nada. Hay un silencio mundial ante la situación”. Agregó que Palestina “busca justicia, no revancha”.
La Organización para la Liberación de Palestina defendió la denuncia presentada por la Autoridad Nacional Palestina, y su secretario general, Saeb Erekat, afirmó que “la potencia ocupante”, Israel, “está comprometida a cancelar los derechos del pueblo palestino al desafiar su misma existencia sobre su tierra”.
Por su parte, Israel le restó importancia a la denuncia y consideró que no tiene validez. Emmanuel Nahson, el portavoz de la cancillería –cuyo titular es el primer ministro Benjamin Netanyahu–, dijo que se trata de “un paso cínico sin validez” y que “es absurdo” que la denuncia se presente mientras “los palestinos continúan incitando actos de terrorismo y utilizan a mujeres y niños como escudos humanos en ataques violentos contra la seguridad de los ciudadanos de Israel”.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí manifestó que confía en que la CPI no va a “ceder a la presión” y se mantendrá “firme” ante los “continuos esfuerzos palestinos de politizarla y desviarla de su mandato”.