Estaba previsto para anoche el único debate entre candidatos antes de la segunda vuelta electoral en Colombia, pero fue suspendido por los canales que lo habían organizado debido a la ausencia del favorito, Iván Duque, postulante del partido uribista Centro Democrático. El encuentro se canceló pese a que el otro contendiente, el izquierdista Gustavo Petro, de la coalición Colombia Humana, había manifestado que sí asistiría y hasta bromeó con que debatiría consigo mismo.

Los canales organizadores dijeron en un comunicado que “un debate precisa de la participación de los dos aspirantes”, y ante la ausencia de uno de ellos “el debate no debe efectuarse”, para garantizar su “neutralidad de cara a la opinión pública”.

El debate era una oportunidad para que Duque y Petro expusieran sus propuestas y sus modelos de país, claramente diferentes. Mientras que Petro plantea reformas estructurales, Duque se limita a proponer modificaciones muy puntuales y hasta superficiales. Por ejemplo, Petro plantea en su programa de gobierno la necesidad de “garantizar el derecho fundamental a la salud de manera universal y equitativa”, en el marco de una necesaria reducción de la desigualdad en Colombia. En cambio, en el apartado de salud de su programa de gobierno, Duque propone medidas muy específicas, entre ellas, que las historias médicas estén online, y el desarrollo de una “agenda de buenos hábitos” para prevenir el sobrepeso y la obesidad.

Las diferencias en las miradas son particularmente claras en la economía: Petro impulsa una transformación del modelo de desarrollo colombiano, extractivista y privatizado, hacia otro caracterizado por el desarrollo agrícola y la reindustrialización. Por el contrario, Duque no plantea cambios de fondo, sino una reforma tributaria para simplificar y reducir los impuestos para el sector privado, diversificar las exportaciones para que dejen de ser mayoritariamente de materia prima, y reformar la administración pública para que el Estado sea “más eficiente y menos costoso”.

Otra de las diferencias fundamentales entre ambos candidatos pasa por el acuerdo de paz firmado con las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las conversaciones que se llevan adelante en La Habana con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN). A diferencia de los asuntos anteriores, en este caso es Petro el que plantea una continuidad con respecto al gobierno de Juan Manuel Santos: ha dicho que respetará, cumplirá e implementará la totalidad del acuerdo con las FARC y que mantendrá el diálogo con el ELN.

Duque ha ido moderando su postura. El uribismo fue el principal opositor al acuerdo de las FARC desde antes de que este se firmara y fue el promotor del No en el plebiscito de 2016 en el que fue rechazado, antes de ser reformado y aprobado por Santos. Los seguidores del ex presidente Álvaro Uribe y los dirigentes de su partido, entre ellos Duque, moderaron su discurso en los últimos meses y pasaron a hablar de introducir “modificaciones” a la reglamentación de esos acuerdos. Por ejemplo, Duque dijo que si se ratifica una condena por crímenes de lesa humanidad contra un ex guerrillero que integra el Congreso, este debería dejar su banca. También considera necesario modificar la Constitución para establecer que es excepcional que en el caso de los ex guerrilleros los delitos de narcotráfico sean considerados vinculados con la actividad política que desarrollaron.

Las diferencias se repiten acerca del diálogo con el ELN: Petro promete mantenerlo y Duque imponerle condiciones que difícilmente la guerrilla acepte. Una de estas es que comience la desmovilización de sus combatientes antes de avanzar con las negociaciones. Como ya es tradicional, la guerrilla anunció un cese unilateral del fuego hasta después de la celebración de las elecciones.

De acuerdo con las encuestas, Duque es ampliamente favorito para ganar la segunda vuelta del domingo, pese a que en las últimas semanas surgieron malas noticias para su padrino político. Tres personas que trabajaron en una finca de la familia Uribe en la década de 1990 revelaron que esta era la base de operaciones del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, informó el diario español El País, sobre la base de documentos de la Justicia a los que accedió. En particular, suman elementos que apuntan a que Santiago Uribe, hermano del ex presidente, era muy cercano al jefe de la banda, Jorge Alberto Osorio Rojas, conocido como El Mono.

Santiago Uribe está procesado desde 2016 por haber integrado el grupo paramilitar en los años 90, mientras que su hermano ocupaba los cargos de senador y gobernador de Antioquia, y siempre se ha declarado inocente. Asegura que las acusaciones en su contra son parte de una persecución política contra su hermano. La particularidad de estos nuevos testimonios es que los tres ex trabajadores fueron presentados como testigos por la propia familia Uribe, y no por la organización Comisión Justicia y Paz, que es la que presentó la denuncia contra la familia y cuyos testigos han sido calificados de “falsos” por la defensa.