El Ministerio del Interior de Alemania revisará más de 25.000 casos en los que se concedió asilo a personas en el norte del país, en la ciudad de Bremen, porque se sospecha que se atribuyeron de forma irregular, informó la propia cartera el lunes. La decisión llega después de que varios medios periodísticos informaran que la primera ministra, Angela Merkel, estaba al tanto de actos de corrupción cometidos en la Oficina Federal para los Refugiados y la Migración de Alemania (BAMF, por sus iniciales en alemán) de Bremen entre 2013 y 2016.

Durante el último mes varios medios alemanes informaron –a partir de correos electrónicos de la oficina de Bremen y testimonios, entre otros elementos– que funcionarios recibieron sobornos de parte de los solicitantes de asilo a cambio de otorgarles el estatus. Uno de los casos que se han detallado es el de un hombre llamado Mohamed al que se le dio asilo tras “confirmar” que era un sirio cuya hermana había sido ejecutada por fuerzas leales al gobierno de Bashar al Assad. Sin embargo, Mohamed se llamaba en realidad Milad y era rumano. De acuerdo con estas primeras informaciones, la corrupción afectó al menos 1.200 solicitudes de asilo.

Las denuncias tuvieron consecuencias inmediatas. La BAMF suspendió las actividades de su oficina en Bremen e informó que está investigando esa dependencia desde octubre. Agregó que hará lo mismo con sus oficinas en otras diez localidades porque concedieron asilo a muchas más personas que en zonas con características similares.

A su vez, la Fiscalía abrió una investigación preliminar y el Ministerio del Interior –en cuya órbita está la BAMF– manifestó que revisará todas las solicitudes de asilo otorgadas en el período en Bremen, que son 25.000. Por su parte, la Comisión Parlamentaria del Interior tuvo dos sesiones extraordinarias para tratar este tema y convocó para una tercera a quien fue ministro del Interior en ese período, Thomas de Maizière.

Al comienzo, el impacto político del caso estaba controlado porque afectaba a una de las decenas de oficinas de la BAMF en el país, pero el domingo esto cambió: por primera vez se informó que Merkel pudo haber estado al tanto de estos hechos.

El semanario Bild am Sonntag accedió a un informe redactado a comienzos de 2017 en el que el entonces titular de la BAMF, Frank-Juergen Weise, denunciaba algunos casos de corrupción. El documento estaba dirigido a Merkel y no fue la única vía por la que se la informó de la situación: Weise dijo al semanario que también se lo informó personalmente, así como a las autoridades del Ministerio del Interior.

Estos nuevos elementos impulsaron al partido xenófobo Alternativa para Alemania a exigir en el Bundestag la conformación de una comisión parlamentaria especial que se dedique a investigar estas denuncias. Los Verdes, otra formación minoritaria en el Parlamento, anunció que respaldará una iniciativa de este tipo, mientras otras organizaciones políticas mayores evalúan si le brindarán su apoyo. Por su parte, los socialdemócratas, aliados del gobierno, pidieron al Ejecutivo que brinde explicaciones sobre el funcionamiento de la BAMF y que verifique si estos son casos puntuales o si involucran a toda su estructura.

Además de a Merkel, el caso también salpica a quien ocupó el cargo de coordinador de políticas para refugiados en el período investigado, Peter Altmaier, que actualmente es el ministro de Economía.