Organizaciones sociales españolas estiman que podrían llegar a 30.000 los niños robados desde el comienzo de la dictadura franquista hasta fines de la década de 1980. Muchos de estos casos han sido denunciados tanto públicamente como en la Justicia. Sin embargo, hasta ayer ninguno había llegado a juicio.

El primer caso en llegar a esa etapa es el de Inés Madrigal, una trabajadora del ferrocarril. Ella tenía 18 años cuando la mujer que la había criado, Inés Pérez, le contó que era adoptada, y con el correr de los años le contó cómo había llegado a su familia. No podía tener hijos, y en 1969 un médico le pidió que simulara un embarazo por un tiempo para luego recibir a un bebé. Se negó a hacer esa simulación, pero recibió una niña; le dijeron que sus padres habían muerto. El mismo médico falsificó el acta de nacimiento de la bebé y registró a Pérez como su madre biológica.

Ese médico, el ginecólogo y obstetra Eduardo Vela, de 85 años, es el primero en sentarse en el banquillo de los acusados por el robo de bebés. Madrigal sospechó que era una bebé robada en 2010, después de escuchar la historia de su madre adoptiva y de recabar información en organizaciones civiles y medios de comunicación. En 2011 presentó la denuncia contra Vela y ahora comienza un juicio que considera definitorio, aunque no tiene esperanzas de que el acusado colabore para que ella conozca su verdadera identidad o para que otros bebés robados vean avanzar sus causas judiciales.

Vela es acusado de detención ilegal, falsedad en documento público, suposición de parto y adopción ilegal. La Fiscalía pide 11 años de prisión para este médico, que pudo practicar su profesión hasta que se jubiló.

Organizaciones civiles indican que se presentaron al menos 2.000 denuncias ante la Justicia por hechos similares. Sin embargo, todas fueron archivadas por falta de pruebas o porque se consideró que los delitos habían prescrito. En el caso de Madrigal, un elemento favorable para que la causa continuara fue el testimonio presentado por Pérez antes de morir, explicó el abogado de la denunciante, Guillermo Peña, en una entrevista publicada la semana pasada en el periódico digital The Objective. Otro elemento que diferencia este caso, agregó, es que Madrigal aceptó denunciar a su madre adoptiva para que la causa judicial avanzara.

En tercer lugar, la Audiencia Nacional de Madrid aceptó que el juicio comenzara al considerar que el robo de bebés “es un delito permanente porque no se puede computar la prescripción hasta que la situación de detención ilegal cesa cuando el afectado sabe quién es su madre o cuando la madre sabe dónde está el hijo”. Según otras interpretaciones, el período de prescripción se cuenta desde que el bebé fue robado y entregado, o desde que el afectado cumplió la mayoría de edad.

La presidenta de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, Soledad Luque, dijo a la agencia de noticias AFP que durante el franquismo se robaban los hijos de quienes eran considerados comunistas porque se los creía herederos del “gen rojo”. A sus padres les decían que habían muerto al nacer, y a las familias que los recibían, en muchos casos con la colaboración de la iglesia católica, que eran niños huérfanos. Tras el fin del franquismo, el robo de bebés tuvo como objetivo a niños nacidos fuera del matrimonio o de familias pobres y numerosas. La práctica se detuvo en 1987, cuando se aprobó una ley que castigaba “el odioso tráfico de niños”.

En 2011, Vela ya dejó claro que no revelaría información sobre estos casos. “Olvídense de encontrar a sus padres. Todo se hacía de forma verbal, no hay archivos ni ninguna constancia en papel”, les advirtió a las víctimas en una entrevista que dio a la revista Interviú, la primera en informar sobre estos casos en la década de 1980. En una comparecencia ante la Justicia en 2013 reconoció que existía la entrega ilegal de niños, pero negó la trama que envolvía estos casos. Sí reconoció que podría haber falsificado el acta de nacimiento de Madrigal porque él “firmaba cosas sin mirarlas”.

Se sospecha que Vela sabe de otros casos porque varios testimonios de madres a las que les quitaron sus hijos y de familias que recibieron a los niños contaron, en otras investigaciones judiciales y periodísticas, que trataron con ese médico o con la monja María Gómez Valbuena. La religiosa, conocida como sor María, fue la primera persona contra la que la Justicia abrió una investigación por el robo de bebés, pero murió cuando todavía no se había llegado a la etapa de juicio, por lo que la causa fue archivada.

Antes de que comenzara el juicio, Madrigal, que es presidenta de la organización SOS Bebés Robados Murcia, compareció ante el Congreso para contar su historia. Después de su presencia, la coalición conformada por Podemos e Izquierda Unida solicitó que se cree una comisión parlamentaria para investigar el robo de bebés. El diputado de Unidos Podemos David Carracedo, promotor de esta medida, consideró que es una forma de darle visibilidad a una realidad que está “silenciada” y “solucionar un drama de gente que lleva toda la vida buscando y debe tener una solución ya”.