“Están empatados hasta abajo y piensan que en el debate van a repuntar los 30 puntos que les llevo. Yo entiendo, pues, que estén desesperados”, dijo Andrés Manuel López Obrador descalificando a sus adversarios. El último debate presidencial, el martes y a 19 días de las elecciones generales de México, fue en rigor una disputa por el segundo puesto entre el candidato del PAN, Ricardo Anaya, y el del oficialista PRI, José Antonio Meade.

Ambos, Anaya y Meade, están efectivamente muy atrás de López Obrador (AMLO), hoy seguro ganador según las encuestas, y ambos están teñidos por escándalos de corrupción sobre los que se reprocharon mutuamente durante las dos horas de debate. Los intentos laterales por enchastrar a AMLO fueron vanos. El cuarto candidato, Jaime Rodríguez Calderón, tiene una presencia testimonial del 3% al 4%, y parecía no ser tomado muy en serio ni por los moderadores.

El 1º de julio, 90 millones de votantes habilitados eligen presidente y otros 18.000 cargos públicos, entre ellos ocho gobernadores y el jefe de gobierno de Ciudad de México. Asumirán el 1º de diciembre.

La propuesta del candidato de izquierda es tan simple como trascendental, y si no demostrara en las encuestas el apoyo que está teniendo, que lo coloca a dos puntos de la mayoría propia, sería una quimera. Consiste en acabar con la corrupción, y con ese dinero solventar lo que llama “la cuarta transformación del país”, después de la Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana.

Demostrando más capacidad política que sus contendientes y confianza en que su propuesta ya hizo impacto en el electorado, AMLO mantuvo una actitud contemporizadora, coherente con su compromiso de no buscar venganza sino justicia en la eliminación de la corrupción. Y es de sentido común no gastar energía en perseguir a corruptos del pasado si la necesita para transformar el presente.

La transformación que plantea tiene como sujeto histórico al campesinado (“el campo es la gran fábrica de México: tenemos tierra, agua, capacidad y conocimientos”), a los maestros de escuela como instrumento de elevación cultural democratizadora (hoy hay una ancha brecha que marca diferencias de clase entre la educación paga y pública) y a la eliminación de la corrupción como la financiadora de los cambios.

Los ataques y cuestionamientos a las posibilidades de esa fuente de recursos que recibió tanto de moderadores como de competidores electorales presionaron a AMLO a dar ejemplos: cuando fue alcalde de Ciudad de México (2000-2005) hizo un hospital de 150 camas por el que se pagó 1,7 millones de dólares, y el gobierno federal hizo también uno de 150 camas por el que pagó 20 veces más. A los medicamentos el Estado los paga a diez veces su costo en el laboratorio, y con ese sobregasto se puede hacer gratuita la entrega de medicinas en la salud pública, sostuvo AMLO. Hoy el gobierno federal tiene abandonados 35 hospitales para favorecer la corrupción.

La propuesta del candidato AMLO es iniciar el camino contra la corrupción, que define como un proceso. El candidato estimó el costo global de la corrupción en 24.500 millones de dólares al año (lo dijo en pesos mexicanos, 500.000 millones, tal vez porque no apelar a la moneda del país que le usurpó 55% del territorio a México es un código establecido en el nacionalismo mexicano). Y a eso le suma las prebendas de los altos funcionarios, que situó en 4.650.000 pesos al mes (225.000 dólares), con las que barrería para dar aumentos a los funcionarios de la parte baja de la pirámide. “Cada vez peor: en 20 años pasamos del puesto 60 al 135 en el ranking mundial de corrupción”, resumió. El fuerte contenido ético de esta transformación implicaría una verdadera recomposición de las élites en México, dándole paso a sangre nueva. Como los 30.000 investigadores que existen pero necesitan becas para producir ciencia y tecnología, señaló; como la reversión del proceso de desertificación en el sureste del país plantando un millón de árboles maderables. “Queremos construir una auténtica democracia con austeridad republicana”, enunció simplemente.

Las otras propuestas planteadas en este tercer debate presidencial intentaban cubrir todo el campo de temas, y así el candidato del PAN, Anaya, dijo que 30% de la población no tenía teléfono celular y que la verdadera revolución de ciencia y tecnología sería que todos lo tuvieran. La moderadora le señaló que “a 20 kilómetros de esta ciudad de Mérida ya no hay señal digital, y lo mismo pasa en todas las ciudades”. Para el del oficialismo, Meade, la solución está en la repatriación de siete millones de mexicanos, que aportarán mano de obra calificada, y además en cursos a distancia, en un país en el que 80% del territorio no tiene acceso a internet.

Hubo un punto en el que la propuesta de AMLO pareció ser cuestionada con fundamento. El promitente ganador se refirió a la necesidad de importar combustible ante la caducidad de las seis refinerías existentes, con lo que la gasolina alcanzaría un costo mayor que el que tiene en Guatemala, que no produce petróleo. Su propuesta de construir una nueva refinería fue cuestionada por Anaya, quien señaló con criterio que en el tiempo que demoraría esa construcción los autos eléctricos ya serían de uso generalizado, por lo que sería mejor invertir en energías renovables.

En cuanto al independiente Jaime Rodríguez Calderón, alias “Bronco”, dijo que en materia de ciencia y tecnología él había creado el FBI: “Facebook Bronco Investigation”. Luego, la moderación le preguntó si mantenía el compromiso hecho en debates anteriores de cortarles la mano a los corruptos. Dijo que sí, que eso lo haría un tribunal y que se garantizaría la sanidad del procedimiento.

La preponderancia del tema de la corrupción en el debate fue sostenida con reiterados ejemplos por los candidatos del PRI y del PAN. El del PAN sufrió la publicación de un video de 15 minutos en el que se mostraba el soborno que recibiría de una empresa argentina, lo que se sumó a acusaciones de lavado de dinero producto de la venta de un gran depósito industrial. Anaya no rechazó las acusaciones, sino que dijo que esas imputaciones se debían a su intención de disponer de una fiscalía especial para investigar por corrupción al actual presidente, Enrique Peña Nieto. El año pasado, le señaló AMLO, se reunió seis veces con Peña Nieto; el entendimiento dio paso al enfrentamiento sin que mediara explicación pública.

A su vez, Anaya acusó al candidato del PRI, Meade, de estar involucrado en la firma de un contrato con el grupo Odebrecht, en 2010, para suministros de polietileno al Estado. La empresa, se especificó, es de la familia del hoy embajador en Estados Unidos Gerónimo Gutiérrez, y quienes firman el contrato son su padre, Guillermo Gutiérrez Saldívar, y su hermano, Patricio Gutiérrez Fernández, que era a la sazón secretario de la Gobernación; el presidente Felipe Calderón (2006-2012) y el propio Meade fueron quienes firmaron el decreto que eliminaba la competencia para la venta al Estado mexicano.

The New York Times dio por buena información según la cual la investigación de los 10,5 millones de dólares invertidos en sobornos por Odebrecht en México fue congelada por el gobierno del PRI para evitar que tiñera estas elecciones. En el caso están involucrados la esposa del presidente, la actriz televisiva Angélica Rivera (48), y el ministro de Finanzas de Peña Nieto, Luis Videgaray, con la venta que les hiciera la contratista del Estado, Grupo Higa, de casas valuadas, por ejemplo, en siete millones de dólares, y casas de campo en barrios con canchas de golf en Malinalco e Ixtapan de la Sal.

La madeja de casos de corrupción es interminable, e incluye el del macabro asesinato de 43 estudiantes entregados por el gobierno a un cartel de droga para que desaparecieran, el del tren bala que vio cancelado su contrato y diferida sine die su construcción cuando se cayó el negocio con una firma china, y varios más. Al menos parte de esos casos se retomarán con la nueva presidencia. El de los estudiantes, que le costó la popularidad inicial al presidente Peña Nieto, está hoy bajo la férula de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; fue investigado por el equipo argentino de Antropología Forense y la prosecución es inevitable. Así, aunque sea interminable, en algún punto tiene que parar la corrupción, dándole la razón a AMLO. De eso, en definitiva, se tratan estas elecciones.