Tuvo ayer sus primeras consecuencias la investigación que inició el papa Francisco a principios de año para esclarecer los casos de jerarcas católicos de Chile acusados de cometer abusos sexuales contra niños y adolescentes, o de encubrir a los responsables. El papa aceptó las renuncias presentadas por los obispos de Osorno, Juan Barros; de Valparaíso, Gonzalo Duarte, y de Puerto Montt, Cristián Caro. Los tres formaban parte del grupo de 34 obispos que el papa llamó en mayo, en el marco de la investigación que dirigía, y que terminaron por presentar sus renuncias después de reconocer que habían cometido “graves errores y omisiones”.
Los puestos de los tres obispos quedarán provisionalmente en manos de tres administradores apostólicos, elegidos por el Vaticano, hasta que tengan lugar los nuevos nombramientos.
La decisión del papa fue aplaudida por las víctimas y por distintas organizaciones civiles que las apoyan. “Empieza un nuevo día en la Iglesia Católica de Chile. Se van tres obispos corruptos y seguirán más”, celebró en Twitter Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del párroco Fernando Karadima, condenado en 2011 por la justicia canónica por violaciones y abusos sexuales en la misma diócesis que dirigía Barros. Este último pidió ayer “disculpas” por sus “limitaciones” y por todo lo que “no pudo lograr”.
En tanto, Juan Carlos Claret, portavoz de la agrupación Laicos de Osorno, consideró que con la salida del obispo “no hay vencedores ni vencidos” sino, más bien, “una comunidad que estaba rota y que gracias a la perseverancia de las víctimas, la comunidad y el trabajo de la prensa [...] logró que finalmente el papa Francisco decida enmendar el error”.