La Justicia francesa imputó ayer a la empresa de cemento Lafarge por los delitos de financiación terrorista y complicidad en crímenes contra la humanidad. De acuerdo con la acusación, la compañía pagó cerca de 15 millones de dólares a grupos armados como el yihadista Estado Islámico (EI) entre 2013 y 2014 para mantener activa una planta en Siria. Lo hizo mediante el pago de tasas al transporte y la compra de materias primas, según el documento judicial. La cementera también es acusada de poner en peligro la vida de los empleados que trabajaban en esa filial siria y de la violación de un embargo vigente.
Los jueces impusieron un control judicial a Lafarge, que además tendrá que pagar una fianza, indicaron las fuentes judiciales, sin precisar el monto.
El escándalo en torno a Lafarge comenzó en junio de 2016, cuando el diario francés Le Monde reveló que su planta de la ciudad siria de Jalabiya había pagado comisiones a EI “para seguir funcionando durante la guerra”. En esa información se basaron la organización Sherpa y otros organismos para presentar la demanda contra la empresa.
Sherpa, especializada en proteger y defender a la población víctima de delitos económicos, dijo ayer que es la primera vez en el mundo que una empresa es acusada de complicidad en crímenes contra la humanidad. Se trata de “un paso decisivo hacia adelante en la lucha contra la impunidad de las multinacionales que operan en zonas de conflicto”, agregó, en un comunicado.
La dirección de Lafarge, por su parte, anunció que “recurrirá” el fallo, porque “no representa de forma justa las responsabilidades” de la empresa. En setiembre de 2017, los magistrados franceses imputaron por los mismos delitos a ocho directivos de la cementera, incluido su ex presidente Bruno Lafont.