La ciudad de Masaya fue históricamente un bastión del sandinismo que gobierna Nicaragua, actualmente de la mano de Daniel Ortega. Sin embargo, desde el comienzo de las protestas contra el presidente, a mediados de abril, esa situación fue cambiando y hoy es uno de los principales centros de resistencia ante la represión gubernamental. Ayer la ciudad amaneció nuevamente con una fuerte presencia de policías y paramilitares en el marco de la “Operación Limpieza”, que busca liberar las calles de las barricadas de los movimientos que se oponen al gobierno. Organizaciones civiles han denunciado que en el contexto de esta operación también se han hecho ejecuciones extrajudiciales.
La ofensiva de ayer fue en particular contra el barrio indígena de Monimbó, cuyos habitantes sólo tenían morteros caseros para defenderse. El barrio permaneció aislado durante las siete horas que duraron los enfrentamientos y después, lo que impedía saber, al cierre de esta edición, el número de fallecidos, aunque organizaciones de derechos humanos informaron que eran tres como mínimo.
Antes de que comenzara el ataque, el líder en Masaya del Movimiento 19 de Abril (fundado a raíz del comienzo de las protestas ese día), Yubrank Suazo, pidió por medio de las redes sociales: “Oren por nosotros. Estamos cercados”.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua, que media un diálogo nacional entre el gobierno y la oposición trancado desde hace semanas, exigió que se permitiera el acceso de algunos obispos a Monimbó, así como de organizaciones civiles, para evacuar a los heridos y proteger a la población.
Amigos y familiares cargan el féretro de José Esteban Sevilla Medina, asesinado a tiros durante enfrentamientos con la Policía antidisturbios y los paramilitares en el barrio de Monimbó, en Masaya, a unos 35 kilómetros de Managua.
Foto: Marvin Recinos / AFP
Las voces críticas con la actuación del gobierno de Ortega aumentaron ayer, cuando se pronunció, entre otros, la Organización de las Naciones Unidas. Su responsable de Derechos Humanos, Rupert Colville, acusó al gobierno de asesinar y encarcelar a personas sin proceso judicial y aplicar torturas. Además, advirtió que una ley antiterrorismo aprobada el lunes por el Congreso nicaragüense “permite una amplia interpretación” y habilita que se incluya en la definición de organización terrorista “a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”.
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