El primer ministro iraquí en funciones, Haider al Abadi, anunció ayer que sería suspendido de su cargo el ministro de Electricidad, Qasim al Fahdawi, mientras se llevan a cabo “investigaciones” sobre el deterioro de los servicios de electricidad en el país. La medida fue tomada cuando se cumplían tres semanas de manifestaciones contra la corrupción en las instituciones públicas, las altas tasas de desempleo y la baja calidad de los servicios públicos.

Las protestas comenzaron en la ciudad de Basora, a unos 550 kilómetros al sur de Bagdad, pero rápidamente se extendieron por otras ciudades del sur y el centro del país. En varias de esas localidades los habitantes sufren cortes de luz y de agua desde hace semanas.

Miles de personas se han movilizado desde entonces, en general en protestas convocadas por redes sociales que buscan ser “pacíficas”. A pesar de esta voluntad, los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía han dejado 14 muertos. Además, 742 personas resultaron heridas, según informó el fin de semana el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. De ese total, 470 son funcionarios de las fuerzas de seguridad, precisó el organismo. También hubo daños materiales: 91 edificios gubernamentales y residenciales fueron destruidos y una decena de autos terminaron dañados.

Ante las protestas, el gobierno creó una comisión especial para satisfacer las demandas de los manifestantes y anunció un paquete de medidas para “mejorar la situación del país”. Entre otras cosas, prometió destinar 17 millones de dólares para restaurar los sistemas de suministro de agua potable y electricidad en Basora y crear 10.000 empleos nuevos en esa ciudad. Sin embargo, los manifestantes consideran que no es suficiente.

“El pueblo pide reformar el sistema [...], cambiar la Constitución y disolver los consejos provinciales”, dijo Akram Ali, uno de los manifestantes, en declaraciones a la agencia de noticias Efe. Por otro lado, Ali sugirió que un buen comienzo para terminar con la corrupción sería que el gobierno hiciera rendir cuentas a quienes han malversado fondos públicos.

Las movilizaciones tomaron mayor fuerza el viernes, después de que la máxima autoridad religiosa chiita de Irak, el ayatolá Ali al Sistani, expresara su apoyo a los manifestantes y urgiera al gobierno a responder a las demandas. “Si el gobierno no cumple sus compromisos, el pueblo desarrollará sus métodos pacíficos de protesta para imponer su voluntad sobre los funcionarios y estará apoyado por todos los buenos poderosos en el país”, dijo el representante de Al Sistani, el jeque Abdel Mahdi al Karbalai, durante la oración de ese día.

Al mismo tiempo, el vocero del ayatolá exigió que se forme un nuevo gobierno lo antes posible. Es que el país tiene un gobierno en funciones desde las elecciones parlamentarias del 12 de mayo, en las que resultó ganadora la coalición liderada por el clérigo chiita Muqtada al Sadr. El líder anunció acuerdos con la lista electoral que encabezó Al Abadi y con otros partidos, pero las conversaciones siguen en pie, sin que se haya podido alcanzar todavía una mayoría absoluta que le permita a Al Sadr formar un gobierno estable.