Hace tres meses, Miguel Díaz-Canel se convirtió en el primer presidente de Cuba que no pertenece a la familia Castro desde la Revolución cubana. Llegó al gobierno con la promesa de “renovarlo”, aunque muchas voces críticas señalaron que no llevaría adelante grandes cambios, entre otros motivos porque el ex presidente Raúl Castro mantendrá el control del Partido Comunista de Cuba (PCC) hasta 2021.

Sin embargo, el debate parlamentario sobre la futura reforma constitucional muestra una voluntad de avanzar en varias transformaciones. Durante el fin de semana, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular repasaron los 224 artículos de la Constitución con el objetivo de adaptar el texto “a la realidad económica, política y social de Cuba y la comunidad internacional”, explicó el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, en un discurso transmitido por la televisión estatal. El resultado fue la modificación de 113 artículos, la suma de 87 y la eliminación de 11.

Uno de los principales cambios que introduce la reforma es el que elimina el término “comunismo” para avanzar hacia un “socialismo sostenible”, un concepto por el que apostó Raúl Castro en la última década mediante una serie de reformas económicas. El presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, aclaró en declaraciones a la prensa estatal que ese cambio no implica que el Estado “renuncie a sus ideas”, sino que visualiza “un país socialista, soberano, independiente, próspero y sostenible”.

También en el ámbito económico, el borrador de la próxima Constitución cubana introduce la propiedad privada, históricamente rechazada por el PCC por considerarla un vestigio del capitalismo. El actual texto, que rige desde 1976, sólo reconoce la propiedad estatal y la cooperativa agropecuaria.

El anteproyecto admite además la inversión extranjera como “una necesidad y un elemento importante del desarrollo”, en un momento en el que el país atraviesa una grave crisis económica que podría agudizarse si aumenta la inestabilidad en Venezuela, su principal socio. Esta apertura terminaría de consolidar las reformas que impulsó Raúl Castro desde 2006.

Por otro lado, la nueva legislación cubana podría implicar un avance en materia de derechos humanos. Una de las modificaciones más importantes en este sentido es la redefinición del matrimonio como la “unión entre dos personas”, en vez de “entre un hombre y una mujer”, como establece la Constitución actual. Este cambio abriría la puerta a la legalización del matrimonio igualitario, uno de los principales reclamos del colectivo LGBTI en el país. “Con esta propuesta, Cuba se sitúa entre los países de vanguardia en el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos”, dijo ayer la diputada Mariela Castro, hija del último presidente.

En sus declaraciones, Acosta fue más cauto y aclaró que el texto “no dice que se trata del matrimonio igualitario”, sino que “sólo rompe con esa barrera de modo que en el futuro se podría incorporar”. El secretario del Consejo de Estado advirtió que primero se deben modificar aspectos del Código Civil y de Familia.

Por otro lado, el anteproyecto mantiene el carácter laico del Estado y ratifica la libertad religiosa, un asunto que durante décadas fue blanco de críticas por parte de disidentes y organizaciones extranjeras que acusaron al gobierno cubano de no respetarla.

En el plano político, la nueva Constitución mantiene el “carácter socialista del sistema político y social” y también el sistema de partido único, bajo el mando del PCC como “fuerza dirigente superior”, citó el diario estatal Granma.

En este punto, el texto establece que el presidente deberá asumir el cargo con menos de 60 años y limitar su mandato a una década. También crea el puesto de primer ministro –que encabezaría el Consejo de Ministros— y establece que el Consejo de Estado, máximo órgano gobernante, ya no será liderado por el presidente sino por el titular de la Asamblea Nacional.

Finalmente, en materia de política exterior, y en otra muestra de apertura, el texto provisional establece una “visión multipolar en las relaciones internacionales” para evitar el “hegemonismo y la dominación” de potencias extranjeras.

El anteproyecto de ley fue aprobado anoche por unanimidad en la Asamblea Nacional. Ahora, deberá ser sometido a una consulta popular entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre. Después de ese período, los cubanos podrán votar la nueva Constitución en un referéndum nacional, cuya fecha todavía no fue publicada.