La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, todavía lucha para revertir el caos que provocó la puesta en marcha de la política de “tolerancia cero” contra la inmigración irregular en la frontera con México, impulsada en abril y suspendida en junio ante la lluvia de críticas que despertó. Pero lo hace a pasos lentos, de manera desorganizada y sin todas las garantías.
Anoche vencía el plazo que el juez Dana Sabraw estableció para que el gobierno reuniera a cientos de niños migrantes que todavía siguen separados de sus padres y esperan en centros de detención administrados por el Estado, en condiciones –por lo menos– cuestionables. Sin embargo, unas horas antes de que se terminara el tiempo límite, las autoridades reconocieron que muchas familias separadas no podrán volver a reencontrarse en el corto plazo.
Los abogados que representan al gobierno dijeron que 917 padres, de los 2.500 que fueron separados de su hijos, podrían no calificar para una reunificación inmediata porque ya fueron deportados, desistieron del proceso, tienen antecedentes criminales o suponen un peligro para los niños. Según informó ayer el diario The New York Times, son cerca de 460 los adultos que podrían haber sido deportados sin sus hijos, y el gobierno todavía no sabe dónde se encuentran. Su futuro, junto con el de los 37 niños cuyos padres aún no han sido identificados, seguía siendo incierto en la noche de ayer.
Por su parte, los defensores de los inmigrantes denunciaron lo “caóticos” que han sido los esfuerzos del gobierno. Además de los baches ya mencionados, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) –organización que presentó la demanda para volver a reunir a las familias– presentó ante la Justicia testimonios de padres que fueron presionados a renunciar a la reunificación o a firmar papeles de deportación cuyo contenido no comprendían. En la mayoría de los casos, eran personas que no entendían el idioma o eran analfabetas.
La abogada Sofia Reive dijo ante los tribunales que se reunió el fin de semana con nueve inmigrantes que, sin saberlo, firmaron documentos en los cuales renunciaban a “cualquier derecho a reunirse con sus hijos”.
Al mismo tiempo, varios niños fueron enviados a las instalaciones equivocadas, según dijo a The New York Times un funcionario del gobierno. Es el caso de dos hermanos de nueve y 14 años que el martes fueron trasladados desde Nueva York para reunirse con su madre en el suroeste del país, a pesar de que existía la posibilidad de que ella ya hubiera sido deportada.
Protestas contra las recientes políticas de detención y separación familiar de la administración Trump, el 18 de julio, en Nueva York. Getty images, Afp
Foto: Drew Angerer / AFP
Por otro lado, si bien no es común que el gobierno respalde a los migrantes una vez que son liberados de la custodia federal, la política de separación dejó a muchas familias lejos de la frontera y a la deriva. En estas situaciones, tomó protagonismo la red de albergues y organizaciones de voluntarios que han brindado apoyo desde un principio. Estos organismos, gracias a donaciones, dotan a las familias de teléfonos celulares o dinero, según las necesidades, para ayudarlas a recuperar algo de estabilidad.
La fundadora de la organización de recaudación de fondos Familias de Inmigrantes Juntos, Julie Schwietert Collazo, lamentó ayer que la responsabilidad de completar las reunificaciones haya recaído sobre ellos y no en el gobierno, que es el único responsable. “Al menos podrían tener el gesto de no abandonarlos en una estación de ómnibus”, se quejó.
Funcionarios del gobierno de Trump dijeron el lunes que, en las últimas dos semanas, 879 padres fueron reunidos con sus hijos. En tanto, 1.012 de los 1.634 niños ya fueron entregados a sus padres. Hasta ayer, las cifras no habían sido actualizadas.
Una de las decisiones que debe tomar el juez Sabraw es establecer el plazo que Estados Unidos dará a los padres después de la reunificación para que decidan si inician el proceso para quedarse o regresan a sus países de origen. La ACLU pidió un margen de siete días para que los inmigrantes reciban asesoramiento legal y tengan tiempo suficiente para tomar una decisión “informada” y “sin presiones”. Actualmente, el gobierno ofrece un máximo de cuatro días para que decidan si son deportados junto a sus hijos o si los niños se quedan en el país bajo el cuidado de las autoridades o de un familiar.
El de ayer era el segundo plazo que el juez Sabraw había dado a finales de junio al gobierno de Trump para ponerle fin a la separación de familias que intentaron ingresar a Estados Unidos desde México. En el primero, que se cumplió el martes 10, el gobierno devolvió a 57 menores de cinco años, mientras que otros 46 fueron considerados “no elegibles” y quedaron retenidos en los albergues a la espera de encontrar una salida a su situación.