La localidad Jan al Ahmar está en territorio palestino ocupado por Israel y se encuentra entre las colonias israelíes Maale Adumim y Kfar Adumim. El gobierno de Benjamin Netanyahu se propone construir una carretera entre ambas colonias, el llamado “corredor E1”, que atravesaría Jan al Ahmar, y por eso quiere demoler ese pueblo. Esta medida fue autorizada, en mayo, por el Tribunal Supremo de Israel.

Allí viven cerca de 180 árabes beduinos, una población nómade que en este caso se ha asentado en Cisjordania. Como las construcciones formales en territorio ocupado deben ser autorizadas por el Ejecutivo israelí, los beduinos han recurrido a materiales como el adobe y los neumáticos para construir sus viviendas.

El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, anunció en agosto que tanto Jan al Ahmar como otras 18 aldeas beduinas serán derrumbadas en el marco de un plan para expandir los asentamientos judíos que están en la zona y construir la carretera. Estas dos medidas no sólo implican la expulsión de los beduinos de sus hogares, sino que también serán un obstáculo para cualquier intento de unificación del territorio palestino en un eventual acuerdo de dos Estados.

La expulsión de los beduinos, avalada por el Tribunal Supremo de Israel, ha motivado manifestaciones de rechazo desde que se anunció. El gobierno destacó que los 12.000 beduinos que serán expulsados de sus aldeas en los próximos meses serán reubicados en una ciudad construida para ellos en otra zona del territorio palestino ocupado, en la que podrán acceder a servicios básicos de los que ahora carecen.

Pero los beduinos no están de acuerdo. Tampoco los activistas palestinos que el martes se sumaron a ellos para protestar contra el desalojo forzoso. Ese día el Ejército declaró zona militar cerrada la aldea de Jan al Ahmar, lo que hace inminente el desalojo y la demolición. Ante la llegada de la primera excavadora, hubo forcejeos entre soldados y manifestantes y habitantes de la zona.

Los desalojos también fueron cuestionados por la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Elizabeth Throssell, que llamó a Israel a detenerse. “El derecho internacional humanitario prohíbe la destrucción o confiscación de propiedad privada por parte de la potencia ocupante”, recordó Throssell, después de señalar que la comunidad de Jan al Ahmar está “resistiendo a los esfuerzos de desplazarla para dejar el camino libre a la expansión de asentamientos”.

Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina y la Organización para la Liberación Palestina emitieron un comunicado conjunto en el que condenan la “cultura de impunidad de Israel, que le permite seguir poniendo en peligro la propia existencia del pueblo palestino en su tierra y cometer más violaciones graves de la ley internacional”. En el texto también lamentan que “nadie está dispuesto a tomar las medidas concretas para detener la ocupación israelí y proteger al pueblo palestino”.