La relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, pidió a las autoridades brasileñas que investiguen de forma “pronta, concienzuda, independiente e imparcial” la muerte de Marcus Vinicius da Silva, sucedida en junio. Marcos regresaba de la escuela a su casa vestido con su uniforme cuando recibió el disparo en el estómago que lo mató. Ocurrió durante un operativo de seguridad en el complejo de favelas conocido como Maré, que incluyó el despliegue de policías militares y soldados y el uso de equipamiento del Ejército, e incluso helicópteros desde los cuales también se disparó. Siete personas murieron durante el operativo, dijo la relatora, y todavía se desconoce si estaban vinculadas con algún tipo de delito o si atacaron a las fuerzas de seguridad.

La muerte de Marcus generó protestas de estudiantes de secundaria, que en varias ocasiones han sido víctimas fatales de este tipo de operativos. Las fuerzas de seguridad explicaron que confundieron a sus víctimas con criminales o consideraron que su comportamiento era sospechoso.

Las investigaciones de este tipo de asesinatos, que también están a cargo de la Policía, suelen ser largas y poco reveladoras, y frecuentemente no terminan con condenas para los involucrados. Según datos recabados por Amnistía Internacional, entre 2011 y 2015 se abrieron 220 investigaciones sobre actuación policial, de las cuales sólo 22 derivaron en causas judiciales.

La ONU ya había manifestado, el día siguiente a la muerte de Marcus: “Es inadmisible que la trayectoria de vida de adolescentes sea interrumpida de forma violenta, generando consecuencias tan graves como permanentes para otros niños y adolescentes, sus familias, sus comunidades y la sociedad brasileña”. En estas nuevas declaraciones, la relatora dijo que “las autoridades brasileñas deben asegurarse de que los responsables rindan cuentas ante la Justicia y que la familia del niño reciba una indemnización completa”.

Además, Callamard manifestó su preocupación por un proyecto de ley que busca reformar la norma que regula la legítima defensa en Brasil. El texto está a consideración de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados, y recibió el respaldo del gobierno de Michel Temer y del candidato presidencial de extrema derecha Jair Bolsonaro. Propone ampliar los casos en los que se puede alegar legítima defensa a la hora de recurrir a un arma de fuego, incluyendo variables como la reacción excesiva por “miedo, sorpresa, susto o perturbación”. En su artículo más polémico, establece que “no es punible el agente público que, a fin de cumplir un deber de su cargo, utiliza u ordena el uso de armas u otros medios de coerción física cuando sea necesario”.

Callamard advirtió que los agentes públicos de seguridad deberían poder alegar defensa propia “solamente en circunstancias excepcionales”, y eso no está garantizado con la actual redacción del proyecto.