Las calles de Haití son escenario de violentas movilizaciones que dejaron tres muertos, decenas de heridos, saqueos de comercios y quema de vehículos desde el viernes. Ese día, el gobierno del presidente Jovenel Moïse anunció un fuerte aumento del precio de los combustibles, en el marco de un programa de ajustes que firmó en febrero con el Fondo Monetario Internacional con el principal objetivo de reducir el déficit presupuestario del gobierno.

Las protestas no están lideradas por ningún movimiento social o político en particular, pero tienen en común el rechazo a la medida que, para los manifestantes, es la gota que derramó un vaso que se viene llenando desde hace meses. Los aumentos anunciados fueron de 49% en el precio de la nafta, 40% en el caso del gasoil y más de 50% en el querosén. Este último es muy utilizado por las personas de pocos ingresos para alumbrar sus casas.

El caos que generó en las calles el anuncio hizo que el sábado, un día después de anunciar la medida, el Ejecutivo diera marcha atrás. “El gobierno anuncia la suspensión de la medida de ajuste del precio del petróleo hasta nuevo aviso”, afirmó en Twitter el primer ministro haitiano, Jack Guy Lafontant. En otro mensaje, condenó “enérgicamente” los actos de “violencia y vandalismo” desencadenados y dijo que la “violencia y la democracia son fundamentalmente incompatibles”.

Unas horas después, en un mensaje televisado, se pronunció sobre la situación el propio Moïse, quien manifestó que fue él quien le sugirió al primer ministro que revirtiera el incremento en el precio de los combustibles. “Recibí el mensaje claro: ustedes no están de acuerdo con la decisión sobre la suba de los precios. Abandonamos la medida y llamo a todos a guardar la calma y regresar a sus casas”, dijo el presidente.

Sin embargo, ni su mensaje ni la decisión de Lafontant pusieron fin a las protestas, que el domingo continuaron e incluso se extendieron a otras ciudades como Malpasse, fronteriza con República Dominicana, donde fueron incendiadas las oficinas aduaneras. En otras localidades, como Pétion-Ville, los manifestantes atacaron hoteles y apedrearon varios vehículos. En la mayoría de las protestas, la Policía respondió con gases lacrimógenos y balas de goma –la mayoría disparadas al aire–, aunque demostró estar desbordada por la situación.

Varias embajadas anunciaron que no abrirían sus oficinas hasta que no cesara la violencia callejera, al tiempo que advirtieron a sus ciudadanos y funcionarios que permanezcan en sus hogares.

Además, cerró el aeropuerto Toussaint Louverture, de Puerto Príncipe, y varías rutas de la capital fueron bloqueadas, lo que causó un colapso total del transporte público. Por otro lado, sindicatos de transportistas haitianos convocaron a un paro general que comenzó ayer y, según estaba previsto, se mantendría durante el día de hoy.

De acuerdo con los medios locales, una de las tres personas que murieron era el guardaespaldas de un dirigente político de la oposición que fue linchado cuando intentó evadir un bloqueo callejero en el centro de la capital haitiana.

Algunos senadores y diputados opositores culparon al gobierno de la crisis debido a que dispuso una medida “impopular” y “sin ninguna planificación”. Mientras tanto, las distintas bancadas parlamentarias continuaban ayer en discusiones para resolver una salida a la crisis. Algunos legisladores exigen la dimisión inmediata del primer ministro, que fue designado en mayo de 2017.

La capacidad de Lafontant de dirigir un gabinete había sido puesta en cuestión incluso antes del anuncio del viernes. A fines de junio, 16 diputados de la organización política que está en el gobierno, el Partido Haitiano Tèt Kale, convocaron al primer ministro a una interpelación por medidas que consideran contrarias a la Constitución, su participación en casos de corrupción y, en general, su mala gestión de gobierno. La marcha atrás que dio el sábado refuerza las críticas que se le hacen respecto de su debilidad política y podría acelerar el fin de su mandato.