El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se propone cumplir con sus promesas de campaña con 12 “posibles reformas al marco legal” que serán impulsadas por el Poder Ejecutivo a partir del día de su asunción, el 1º de diciembre. Muchas de estas iniciativas tienen buenas posibilidades de ser aprobadas, ya que la coalición que lo llevó a la presidencia, Juntos Haremos Historia, cuenta con la mayoría en el Parlamento.

Los tres partidos que integran la coalición (el Movimiento Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social) obtuvieron, en las elecciones del 1º de julio, 307 de los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 69 de los 128 del Senado, según los resultados preliminares dados a conocer el martes por el Instituto Nacional Electoral. Esta mayoría simple –que por primera vez tiene un presidente de México en ambas cámaras desde 1994– no será suficiente, sin embargo, para aquellas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo que impliquen reformas constitucionales, ya que en esos casos es necesaria una mayoría de dos tercios de las cámaras.

López Obrador anunció el miércoles las reformas que piensa llevar a cabo, aunque no está del todo claro todavía cuáles de estas implicarán cambios en la Constitución. El anuncio lo hizo después de reunirse con la bancada de Juntos Haremos Historia que, en principio, ya definió que actuará en conjunto en el futuro Congreso.

El futuro gobierno va a reglamentar mediante una ley que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República, tal como lo establece la Constitución, y va a trasladar el Estado Mayor Presidencial –que se encarga de la seguridad de los mandatarios mexicanos– a la Secretaría de la Defensa. Estas son algunas de las medidas que se engloban en el ahorro de gastos que López Obrador había anunciado para su gobierno.

En la misma línea, el último de los 12 puntos presentados por el presidente electo señala que se van a “llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa de gobierno al Plan de Austeridad Republicano”. Esto implicará una reforma de la estructura del Estado, con la fusión, eliminación o agrupamiento de distintos organismos, desde secretarías hasta dependencias policiales. El ajuste no apuntará a los empleados estatales, excepto por altos cargos. “Ningún trabajador de base será despedido; el ajuste de personal se dará [...] en los niveles más altos de la administración, con los cuales habrá libertad para llevar a cabo los cambios necesarios”, dijo López Obrador durante la conferencia.

Antes de esa reforma general, el futuro gobierno va a crear la Secretaría de Seguridad Pública, una oficina que estuvo en funcionamiento entre los años 2000 y 2013 y que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, disolvió al comenzar su mandato, adjudicando sus funciones a la Secretaría de Gobernación.

Otro grupo de medidas está vinculado con la lucha contra la corrupción. López Obrador quiere modificar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos de corrupción o de violación a las libertades electorales, así como suspender cualquier privilegio ante la Justicia que tengan los funcionarios públicos. El alcance de esta segunda medida no fue especificado. También impulsará una reforma para que la corrupción y el fraude electoral sean considerados delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza. Además, el futuro gobierno buscará establecer mecanismos de consulta ciudadana “con el propósito de hacer valer la democracia participativa”, dijo López Obrador. El futuro jerarca prevé que un mecanismo de ese tipo permita revocar el mandato del presidente.

En los 12 puntos presentados ayer también estuvieron incluidas algunas de las promesas más fuertes de la campaña, como la de revertir el decreto firmado en junio por Peña Nieto que habilita la privatización del agua, modificar la reforma educativa e incluir en la Constitución el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles.

A su vez, López Obrador mencionó en la conferencia la ley de amnistía que quiere promover para terminar con la violencia en México. Aclaró que no forma parte de estas primeras 12 medidas porque todavía no se desarrollaron los foros que hará con ciudadanos y organizaciones sociales y religiosas en todo el país para delinear la propuesta.