La primera ministra británica, Theresa May, se encuentra ante la difícil tarea de tener que cerrar la propuesta de su gobierno para abandonar la Unión Europea (UE) sin profundizar la fractura que divide cada vez más a su Partido Conservador. La crisis de su gobierno obligó a la mandataria, en las últimas horas, a ceder a las exigencias de los partidarios del brexit “duro” –la ruptura radical con Bruselas–, liderados por el diputado conservador Jacob Rees-Mogg.

El lunes, May consiguió a duras penas sortear el último trámite parlamentario, que implicaba la votación de las leyes de Comercio y de Aduanas, que establecen el marco legal para cuando Reino Unido abandone definitivamente la UE, algo que está previsto para el 29 de marzo de 2019. La normativa aduanera, una de las más polémicas, fue aprobada por una mínima diferencia de tres votos (305 frente a 302), después de que los parlamentarios favorables al brexit “duro” presentaran enmiendas al proyecto. Antes de la votación, habían amenazado con boicotear el plan de 12 puntos que la mandataria presentará ante la UE en una nueva ronda de negociaciones que empieza hoy.

Después de la votación, May aclaró que las modificaciones “no contradicen las políticas del gobierno” y tampoco comprometen las líneas esenciales de su plan del brexit, que prevé “un marco regulatorio común” con la UE para productos agrícolas e industriales. Entre otras cosas, ese marco incluye un “acuerdo de facilitación aduanera” que permite a los británicos recaudar los aranceles de la UE. El equipo de Rees-Mogg logró con una de las enmiendas condicionar el acuerdo a que sea recíproco y que los 27 países del bloque accedan a hacer lo mismo con los aranceles británicos.

La modificación introducida por los conservadores “duros” fue rechazada ayer por el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn. En la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes, Corbyn dijo que la condición invalida en la práctica el Dispositivo Facilitado de Aduanas propuesto por Londres, por lo difícil que puede llegar a ser que el bloque europeo acceda a recaudar impuestos británicos.

Sin embargo, May respondió que su gobierno “ya está negociando” con Bruselas esta propuesta y aseguró que el plan aduanero “funcionará” pese a ese cambio.

Después de la sesión de preguntas, la primera ministra fue interrogada por la Comisión de Enlace, que agrupa a los presidentes de las principales comisiones parlamentarias. Allí, una vez más, tuvo que defender a capa y espada su estrategia para el brexit. Principalmente, negó que haya más posibilidades de salir de la UE sin un acuerdo con Bruselas, aunque insistió en que un brexit sin acuerdo “es mejor que un mal acuerdo”.

A modo de protesta

El debate se intensificó en una semana en que una decena de ministros y altos funcionarios del gobierno renunciaron por diferencias con May en torno al brexit. El subsecretario de Defensa, Guto Bebb, dimitió el lunes para poder votar en contra del gobierno y alinearse con los partidarios del brexit “blando”, quienes acusan a la primera ministra de haber comprometido su propio plan al intentar complacer al ala dura del gobernante Partido Conservador.

El fin de semana se acumularon otras cuatro renuncias. Los diputados Scott Mann y Robert Courts dejaron sus cargos como secretarios para el Parlamento de los ministerios del Tesoro y de Relaciones Exteriores, respectivamente. En tanto, los también legisladores Ben Bradley y Maria Caulfield dejaron las vicepresidencias que ocupaban en el Partido Conservador.

La ola de renuncias empezó hace diez días, cuando dimitieron el ex ministro para el brexit, David Davis, y el de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, pesos pesados en el gabinete y piezas claves en el proceso de divorcio con la UE.

Ayer, mientras May comparecía ante la Comisión de Enlace, Johnson atacaba el plan de May en su discurso de renuncia en la Cámara de los Comunes. El ahora ex canciller dijo que el plan de 12 puntos que confeccionó la primera ministra condena al Reino Unido a un “miserable limbo permanente”. Y enfatizó: “Nos hemos ofrecido de manera voluntaria al vasallaje económico”.

Para Johnson, el gobierno británico lleva 18 meses “dudando”, desde que en enero de 2017 reveló los primeros detalles de la propuesta de salida, que abogaba por un brexit duro. El político reconoció que él estaba a favor de esa visión, pero considera que el gobierno británico falló porque “nunca llegó realmente a traducir esa estrategia en una posición negociadora ante Bruselas”. En cambio –prosiguió–, Londres “titubeó y quemó” su “capital negociador”.

A pesar de todo, insistió en que “no es demasiado tarde para salvar el brexit”. A su entender, la clave está en aspirar a una posición “independiente y de autogobierno”.