Parecía una telenovela de la cadena O Globo, pero no, era la situación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que generó tensión, expectativa y mucha incertidumbre en Brasil. Todo comenzó al mediodía, cuando el juez Rogério Favreto, del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, una corte de apelaciones, concedió un hábeas corpus a Lula.

El recurso había sido presentado por tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT), Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira. Argumentaron que, al estar preso sin una condena que haya sido ratificada en tribunales de tercera instancia, Lula es perjudicado como candidato a las elecciones presidenciales de octubre.

No fue casualidad el momento que eligieron para presentar el recurso: lo hicieron media hora después de que comenzara la feria judicial, a sabiendas de que llegaría a Favreto, quien estuvo afiliado al PT durante 19 años, trabajó en el gobierno durante el segundo mandato de Lula y fue designado juez por Dilma Rousseff.

Favreto aceptó el recurso y ordenó la liberación de Lula. Las reacciones se sucedieron rápidamente ante esa decisión sorpresiva. El PT convocó a movilizaciones para recibir a Lula, y los políticos empezaron a pronunciarse en Twitter. Pese a estar de vacaciones, también reaccionó Sérgio Moro, el juez de Curitiba que lleva adelante las investigaciones por los sobornos en el caso Petrobras y que condenó a Lula, en su juzgado de primera instancia, a una pena de cárcel por actos de corrupción.

Moro, que no puede revertir la decisión de Favreto –juez de segunda instancia y por lo tanto de mayor jerarquía–, calificó a ese magistrado de “incompetente”. Emitió un comunicado en el que informó que no cumpliría con la orden judicial, y dijo que se comunicó con el presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, Thompson Flores, y este le recomendó que hablara con el juez encargado del caso Lula en ese tribunal, João Pedro Gebran Neto.

La actuación de Moro fue muy cuestionada por integrantes del PT, entre ellos la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, que consideró su pronunciamiento como “una manifestación política”. Así lo afirmó la dirigente en un video difundido en redes sociales en el que también llamó a los militantes del PT a movilizarse y permanecer “alerta” ante cualquier intento de evitar la liberación de Lula.

Por su parte, Pimenta y Damous advirtieron en un comunicado conjunto que se estaba desobedeciendo una orden judicial y que la situación era “muy grave”. En este contexto, un abogado, Douglas Alexandre de Oliveira Herrero, llegó a presentar un pedido de prisión para Moro por desobedecer una orden judicial.

Después de que Moro se comunicara con Gebran Neto, este también se tomó un tiempo de sus vacaciones para emitir un nuevo dictamen judicial con el que pretendía anular la decisión de Favreto, argumentando que, como él es el que lleva adelante el caso de Lula, la decisión debe ser suya.

Manifestación por la liberación de Lula da Silva, ayer en San Pablo.

Manifestación por la liberación de Lula da Silva, ayer en San Pablo.

Foto: Miguel Schincariol

Disconforme con esa postura, Favreto emitió una nueva orden de liberación para Lula, argumentando, entre otras cosas, que Gebran Neto no tiene la autoridad para anular su dictamen porque los dos tienen la misma jerarquía, y que no podía emitir un fallo mientras estaba de vacaciones. Además, ordenó que se investigue al juez Moro porque su orden de liberar a Lula no había sido acatada a raíz de su intervención. En la tarde se filtró el número de celular de Favreto, que denunció que estaba recibiendo múltiples amenazas.

En su nuevo dictamen, Favreto dio a la Policía Federal un plazo de una hora para liberar a Lula, pero las horas pasaron y el ex presidente siguió en prisión. La Policía dijo que había recibido la notificación de la decisión a las 17.41 y que la liberación se produciría antes de las 18.41, pero pasada esa hora no se cumplió con la orden. Algunos medios publicaron que la Policía estaba esperando órdenes de Moro –que no tiene autoridad cuando no se pronuncia mediante fallos judiciales– antes de actuar.

Otra versión fue la que le dio el ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann, a Hoffmann, quien se comunicó por Whatsapp con el funcionario para manifestarle su preocupación por la desobediencia de la orden judicial. En una captura de pantalla difundida por el periodista de la revista Veja Ricardo Noblat, se puede ver que Jungmann le dijo a Hoffmann que el presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región le había ordenado a la Policía que no obedeciera el dictamen hasta recibir una decisión de él.

Mientras tanto, miles de personas se reunieron en distintos puntos del país para reclamar la liberación de Lula, que se creía inminente, mientras los dirigentes del PT y sus seguidores denunciaban que el ex mandatario estaba secuestrado dentro de la prisión de Curitiba.

Casi cuatro horas después de que Favreto ordenara la liberación de Lula en el correr de una hora, se emitió el fallo que dejó claro que no se cumpliría: el presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región revocó los dictámenes de Favreto y estableció que la decisión final sobre este tema debe ser de Gebran Neto.

Así las cosas, Lula permanecerá en prisión. La posibilidad de que sea liberado puede volver a ser puesta en el tapete en setiembre, cuando la presidencia del Supremo Tribunal Federal pase a manos de José Antonio Dias Toffoli. Se espera que este juez disponga que el organismo someta a debate un recurso para determinar si una persona puede ser presa después de que su condena sea ratificada en un tribunal de segunda instancia sin que haya sido tratada en las cortes superiores, o sea, en la situación de Lula. La actual presidenta del Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia Antunes, se ha negado a someter a debate este recurso.