El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó el lunes una ley que ofrece beneficios a las bandas criminales, herederas de los grupos paramilitares, que se entreguen a la Justicia. El beneficio máximo que establece la norma es una reducción de la pena de hasta 50% para los integrantes de aquellos grupos que se presenten ante las autoridades, colaboren con las investigaciones judiciales, entreguen a los niños y adolescentes que hayan reclutado en sus filas y devuelvan los bienes obtenidos de manera ilícita. Otro de los beneficios implica que quienes se entreguen puedan acceder legalmente a hasta 5% del valor de esos bienes.

Un tercer beneficio consiste en que quienes sean condenados en este marco podrán cumplir sus penas en “colonias penales agrícolas” y no en prisiones comunes. A su vez, se aumentan las penas para delitos usualmente cometidos por este tipo de grupos –como “concierto para delinquir”, “tráfico de niños” o “financiación de grupos de delincuencia organizada”–, para fomentar la entrega de quienes formen parte de estas bandas.

La ley fue acordada con el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, y el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, y fue aprobada en el Congreso en junio. Uno de los puntos que generó más cuestionamientos a la redacción original del proyecto fue que la norma podía beneficiar también a los desmovilizados de la ex guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que volvieran a cometer delitos o a los disidentes que no se hayan desmovilizado. Ante los primeros reclamos de la oposición, el texto fue modificado para excluirlos explícitamente. “Los disidentes de las FARC que despreciaron la mano generosa de la sociedad deben ser objeto de inequívoca persecución legal”, afirmó Martínez.

La entrada en vigencia de la ley llega un año después de que Santos anunciara que el líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel, le había manifestado su intención de terminar con las actividades criminales del grupo. En ese entonces, Santos dijo que no habría negociaciones con un grupo criminal (a diferencia de las FARC, el Clan del Golfo no tiene reivindicaciones políticas), pero que sí actuaría para facilitar el camino hacia el fin de la violencia de este tipo de bandas. Se estima que el Clan del Golfo reúne a unas 7.000 personas que se dedican al narcotráfico y otras actividades ilícitas, informó el diario colombiano El Espectador. La cantidad de integrantes en sus filas lo convierte en el grupo criminal más grande de Colombia.

Santos dejó claro que el principal destinatario de esta norma es el Clan del Golfo. “Ahora se iniciará el proceso con el Clan del Golfo. Vamos a hacerlo de forma coordinada con la Fiscalía para recibir a los miembros de esta organización y someterlos a la Justicia. Creo que es un paso muy importante para la tranquilidad y seguridad del país”, dijo después de promulgar la ley.

En riesgo

Otro problema vinculado con la violencia en Colombia es el de los líderes sociales, cuyos asesinatos han aumentado a partir de la firma del acuerdo de paz en 2016: desde entonces han sumado 311. En este contexto, se incluyó en la ley promulgada el lunes la creación de un delito específico para castigar las amenazas contra defensores de derechos humanos, funcionarios, políticos y dirigentes sindicales. El delito de amenazas tiene una pena máxima de siete años de prisión, mientras que este tendrá un tope de diez años.

Además, el mismo lunes se sancionó el Estatuto de la Oposición, que garantiza derechos a los partidos y movimientos opositores, y después se firmó un pacto nacional de rechazo a la violencia contra defensores de derechos humanos. El documento cuenta con la firma de Santos, del presidente electo, Iván Duque, y de los líderes de otros partidos políticos.

Durante el acto de firma, Santos subrayó que un pacto de este tipo es “importante” porque “la sistematicidad de esta violencia no surge de un plan de exterminio organizado centralmente, sino de grupos locales diversos”, que consideran que “algunas fuerzas políticas nacionales los aprueban porque no los han rechazado explícitamente”.