Fue en noviembre que el gobierno de Mauricio Macri aprobó una modificación del Código Penal que se conoció como la “ley del arrepentido”. Mientras llovían las acusaciones de corrupción contra el gobierno de Cristina Fernández, la mayoría de las cuales no llegaron a juicio todavía, el oficialismo se propuso generar las condiciones para que alguna persona que hubiera estado involucrada en casos de ese tipo fuera a la Justicia y entregara información a cambio de una reducción de la pena que le correspondía. La figura del arrepentido ganó fuerza en Argentina también debido al lugar fundamental que ocupó en Brasil para el avance de la investigación del esquema de corrupción de Petrobras.

“Arrepentido” volvió a ser una palabra clave en los últimos días, mientras algunos medios hablan del “Lava Jato argentino”, en referencia a una investigación periodística y judicial que revela un supuesto esquema de corrupción en los gobiernos kirchneristas.

La principal prueba eran ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno, que fue chofer de un ex secretario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta. En esos cuadernos, según publicó el diario La Nación, figura información sobre el traslado de bolsos llenos de plata que, de acuerdo con las investigaciones, eran coimas que pagaban empresas a cambio de contratos con el Estado, sobre todo para la construcción de obra pública, y que estaban destinadas a los dirigentes políticos que las favorecían. La investigación avanzó basada en fotocopias de esos cuadernos, aunque en algún momento funcionarios judiciales y un periodista estuvieron, en diferentes instancias, en contacto con los originales.

Hubo varios allanamientos en casas privadas en busca de los escritos, pero finalmente, el viernes, Centeno afirmó: “Quemé los cuadernos en la parrilla de mi casa”. La noticia fue un sacudón para la investigación judicial y el fiscal, Carlos Stronelli, tuvo que salir a asegurar que la causa no corre peligro y que el juez Claudio Bonadio tiene “prueba suficiente, sólida y abundante” para avanzar.

La investigación está bajo secreto de sumario, pero, de acuerdo con lo que ha trascendido, la mayor parte de las acusaciones se derivan directamente de la información contenida en los cuadernos y sus copias. Por ejemplo, el diario Página 12 accedió a la acusación presentada contra el empresario Juan Carlos de Goycoechea, que consiste básicamente en un detalle de las veces que Baratta se retiró de su casa u oficina con bolsos que, según el relato de Centeno en los cuadernos, tenían dinero.

La ausencia de los cuadernos presenta también un problema técnico: los peritajes que se harían para confirmar que se trata de la caligrafía de Centeno y que las escrituras se hicieron cuando se dice que fueron hechas no se pueden hacer sobre una fotocopia y sólo eran aplicables al original, que ya no está.

Hay otra ausencia: la del dinero. En los cuadernos se habla del intercambio de bolsos con efectivo, pero no hay ningún indicio de dónde podría estar.

La falta de pruebas contundentes ya generó críticas de los abogados de algunos ex jerarcas que estuvieron entre los 12 detenidos de la semana pasada. Uno de los primeros en hablar fue Maximiliano Rusconi, defensor de Julio de Vido, que fue ministro de Planificación en los gobiernos kirchneristas y también parece involucrado en este esquema. Rusconi puso en duda la existencia de elementos reales que respalden las 20 órdenes de detención emitidas por Bonadio y cuestionó lo que considera una técnica de “apriete”. Se refería a un procedimiento que también fue utilizado en Brasil por el juez Sérgio Moro: detener a muchas personas en simultáneo –con o sin pruebas suficientes– para que alguna de ellas hable, impulsada por el temor a que lo haga otra.

Funcionó. Centeno se convirtió el viernes en el primer arrepentido de la causa –y fue liberado– y el sábado apareció el segundo: De Goycoechea, presidente de Isolux Corsán, una empresa que ha hecho negocios con el grupo Macri. Ambos ya firmaron los acuerdos con Bonadio y de sus declaraciones dependerá ahora el avance de la causa sobre esta presunta “asociación ilícita”.