Investigadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyeron que existió una intención de cometer genocidio contra la minoría rohinyá en Birmania, en particular en el estado de Rakáin. En los crímenes cometidos contra esa población, así como “la manera en que fueron perpetrados”, hay elementos que son “similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos”, afirma en su informe la Misión Internacional de Investigación de la ONU.

En sus conclusiones, la misión señala que existió pasividad de parte de la líder del gobierno de Birmania, Aung San Suu Kyi –que en 1991 recibió el premio Nobel de la Paz–, y agrega que “no utilizó su cargo [...] ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakáin”. Considera que el gobierno civil contribuyó a que se cometieran estos crímenes al permitir el aumento del discurso de odio y no proteger a la población rohinyá.

Una de las investigadoras, Radhika Coomaraswamy, dijo, según citó la agencia de noticias Efe, que si bien no se encontraron “indicios de que las autoridades civiles estaban involucradas en la planificación” del ataque militar, sí se puede concluir que “bloquearon investigaciones y [que] sus actos y omisiones pueden haber contribuido a la comisión de crímenes atroces”.

Pero en particular, el informe apunta a los responsables de las Fuerzas Armadas y pide que sean juzgados en un tribunal penal internacional. Por eso llama al Consejo de Seguridad de la ONU a que envíe el caso a la Corte Penal Internacional o cree un tribunal específico para tratar lo ocurrido en Birmania.

“Hay suficiente información para investigar y procesar a altos funcionarios en la cadena de mando de las Fuerzas Armadas o Tatmadaw, de manera que un tribunal competente pueda determinar su responsabilidad en cuanto al crimen de genocidio en relación con el estado de Rakáin”, concluye. La intencionalidad genocida se puede encontrar, afirman los investigadores, en el “contexto opresivo”, así como en la “retórica del odio” contra la población rohinyá. Según cita el informe como ejemplo, en el momento en que la ofensiva era más intensa, el responsable de las Fuerzas Armadas, el general Min Aung Hlaing, dijo que el problema de esa minoría étnica se había convertido “en un trabajo sin terminar” y que su gobierno tenía mucho interés en “resolverlo”.

“Podemos decir que el 25 de agosto [de 2017] los elementos de genocidio estaban presentes, lo que no quiere decir que sea necesariamente la fecha del inicio” de este crimen, dijo al presentar el informe el investigador australiano Christopher Sidoti. Por entonces, en respuesta a una serie de ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan contra policías y militares, las Fuerzas Armadas lanzaron en Rakáin una ofensiva que incluyó la quema de aldeas y llevó a que unos 725.000 rohinyás dejaran el país. Muchos de ellos viven desde entonces en Bangladesh, en campamentos.

Esa ofensiva militar fue “extremadamente desproporcionada en relación con las amenazas de seguridad reales”, afirma el documento. Agrega que existió una política que buscaba “alterar la composición demográfica del estado de Rakáin” y destaca el “alcance extremo de la brutalidad de la violencia”.

Después de conocer estas conclusiones, el secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a tomar “seriamente” esta investigación, y consideró “esencial” que los responsables de crímenes contra la minoría rohinyá rindan cuentas. Por su parte, la Comisión Europea se refirió al informe, que calificó de “crucial” y “oportuno” para ser considerado en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en setiembre.