La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció ayer que someterá a investigación la devolución de 108 migrantes que estaban en el mar Mediterráneo a un puerto de Libia por parte de la guardia costera italiana. El anuncio llegó después de que varias organizaciones civiles que colaboran en operaciones de rescate de migrantes en el Mediterráneo denunciaran que esas personas estaban en aguas internacionales cuando fueron rescatadas, y no en aguas libias. Este es un punto fundamental, ya que si alguien es encontrado en el territorio marítimo de un país debe ser trasladado a ese país, pero si está en aguas internacionales debe ser enviado a un puerto que sea considerado seguro de acuerdo con normas dispuestas por la ONU, y el de Libia no lo es. La guardia costera italiana respondió a estas acusaciones asegurando que el rescate tuvo lugar en aguas de Libia y se hizo en coordinación con las autoridades de ese país.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) hizo una denuncia todavía más amplia esta semana: informó que desde que empezó el año, 11.800 personas o más fueron devueltas a Libia tras ser interceptadas en aguas internacionales entre territorio libio, Italia y Malta. Una vez en territorio libio, las personas son trasladadas a centros de detención no regulados y quedan a merced de los traficantes. “Personas que acaban de pasar por experiencias traumáticas o mortales en el mar no deberían ser transferidas a un sistema de detención arbitraria que es dañino y explotador”, manifestó la directora de emergencias de MSF, Karline Kleijer.

Esta práctica ha generado un fuerte aumento en la cantidad de migrantes en los centros de detención libios, en los que la situación es “insostenible”, los migrantes sufren “abusos de todo tipo” y viven en un ambiente “muy tenso”, señaló la coordinadora adjunta de MSF en Libia, Anne Bury. “Esta no es una solución aceptable para evitar las llegadas a Europa”, agregó, por su parte, Kleijer.

Cambio de política

Las devoluciones se intensificaron cuando cambió el gobierno de Italia. El nuevo Ejecutivo modificó la política migratoria e instauró las “devoluciones en caliente”: cuando un barco con migrantes es interceptado en aguas internacionales, es devuelto al puerto desde el que partió la embarcación y no trasladado a territorio italiano, como se hacía antes.

El cambio de política, dirigido por el ministro del Interior y vice primer ministro, Matteo Salvini, ha generado múltiples manifestaciones de rechazo en Italia. Para defenderse, días atrás Salvini citó a Benito Mussolini, diciendo: “Muchos enemigos, mucho honor”, un gesto que redobló las críticas en su contra.

Salvini utilizó esas palabras mientras aumentan las acusaciones de que su política y su retórica están alimentando una ola de xenofobia que se traduce, entre otras cosas, en que desde que asumió el actual gobierno se produjeron diez ataques contra personas de apariencia extranjera en territorio italiano, seis de los cuales incluyeron disparos de balas de goma. Varios de los responsables de estos ataques ya fueron detenidos y no parece que su actuación haya estado coordinada, ya que sus respuestas son de lo más diversas: uno de ellos se definió como un neonazi, otro dijo que había sido un accidente y un tercero se declaró seguidor de Salvini.

El clima de intolerancia se ha traducido en otras acciones de discriminación. Por ejemplo, la semana pasada una pareja de hombres denunció que un mozo los insultó al llevarles la cuenta de la cena; el restaurante al que habían ido despidió al mozo y al otro día el lugar tenía pintadas de un grupo neofascista llamado Fuerza Nueva, que respaldaban al mozo y amenazaban a la pareja homosexual. Los ataques son indiscriminados: el domingo le tiraron huevos a una mujer negra y le hirieron un ojo; se trataba de la lanzadora de disco de la selección sub 23 de Italia, Daisy Osakue, una promesa olímpica nacida en el país.

Desplazamientos

Ni bien asumió, en junio, el gobierno de Salvini implementó su cambio de política al negarse a recibir a un buque con más de 600 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, el Aquarius. Otro nuevo gobernante, el español Pedro Sánchez, salió al cruce y ofreció un puerto de su país para recibir a ese barco.

Desde entonces, se disparó el número de llegadas de inmigrantes indocumentados a puertos españoles vía el Mediterráneo. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en julio llegaron a España 7.782 inmigrantes indocumentados, más que en ningún otro mes desde 2015. Además, las llegadas en lo que va del año superan la cifra de arribos de todo el año pasado.

Esta situación generó un debate político en España, que comenzó con críticas a Sánchez por parte del nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Casado acusó a Sánchez de haber provocado un “efecto llamada” con su decisión de junio y aseguró que los españoles quieren “un partido que diga claramente que no es posible papeles para todos” y que “no es posible que España pueda absorber a millones de africanos que vengan a buscar un futuro mejor en Europa”. Durante un acto político de su partido, Casado agregó que la inmigración debería ser “ordenada, legal y vinculada al mercado de trabajo”.

Por su parte, Rivera visitó Ceuta, ciudad española que es uno de los principales puntos de entrada para los inmigrantes indocumentados, con el objetivo de “conocer de primera mano la presión migratoria” y de “apoyar” a los agentes de seguridad que intentan frenar los ingresos ilegales. “Necesitan apoyo, y aquí echo en falta al gobierno”, agregó Rivera.

La reacción del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no se hizo esperar. “Los señores Albert Rivera y Pablo Casado buscan la confrontación entre los españoles y los inmigrantes y eso no es responsable”, dijo la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. En su cuenta de Twitter, el PSOE advirtió ayer: “Casado y Rivera están jugando con algo muy peligroso, promover la xenofobia... Esta no es la Europa que queremos. El Salvini español”. Por su parte, las Juventudes Socialistas señalaron que Casado se sumó “sin complejos al discurso antiinmigración de la ultraderecha europea” y “va camino a convertirse en el Salvini español”.

Además, el gobierno de España negó que haya un colapso en los centros de refugiados, tal como había denunciado la oposición, pero aun así señaló que el flujo de inmigrantes “es un problema europeo y la solución es europea”. En esta línea, agregó que “se están agilizando proyectos para la protección de las fronteras y pronto se determinará una cantidad de fondos que podrán ser destinados directamente a esas políticas de migración”.

Pocas alternativas

El aumento del flujo migratorio, especialmente desde África, tuvo como primera reacción de la Unión Europea el establecimiento de cuotas de refugiados que cada país estaba obligado a recibir. Malta fue el único de los 28 países del bloque que cumplió con su cuota, que era de 137 personas; todos los demás lo incumplieron, por poco en el caso de Finlandia, por ejemplo, y por mucho en el de países gobernados por la ultraderecha como Hungría y Polonia.

La última alternativa que evaluó la Unión Europea fue crear centros de refugiados fuera de las fronteras comunitarias, en el norte de África, con la colaboración de la ONU. La iniciativa ya fue rechazada por varios países norafricanos, y aunque el bloque no descarta intentar convencerlos con ayudas económicas, parece difícil que lo consiga. En paralelo, también trabaja en una iniciativa para aportar fondos a los países europeos de acuerdo al porcentaje de refugiados que reciban.