Uno de los campamentos de venezolanos que cruzaron la frontera para emigrar a Brasil está ubicado en la localidad de Pacaraima, de 12.000 habitantes, en el estado de Roraima. Si bien el gobierno brasileño anunció que ayudará a ese estado para que pueda recibir la inmigración proveniente de Venezuela, que es constante, todavía no se aplicaron medidas concretas, y esto generó un aumento de la tensión en la zona.

El viernes esa tensión se convirtió en violencia: habitantes de Paracaima atacaron el campamento de inmigrantes. Los forzaron a salir de las carpas en las que viven y las prendieron fuego con sus cosas adentro. Además, cortaron una ruta cercana para reclamar la salida de los inmigrantes de la localidad. El ataque derivó en que 1.200 venezolanos o más dejaran el lugar y se dirigieran a otros campamentos o localidades.

El gobierno de Roraima afirmó que el ataque se debió a que un grupo de extranjeros intentó robar la casa de un comerciante local. Por su parte, el gobierno nacional, después de una reunión del presidente Michel Temer con sus ministros, anunció que se enviarán funcionarios de la Fuerza Nacional para intentar controlar la situación.

Lo sucedido también tuvo repercusiones en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro pidió al Ejecutivo brasileño que brinde las “garantías correspondientes” a los venezolanos y “tome las medidas de resguardo y seguridad de sus familias y enseres”. Reclamó que se respeten las “normas del derecho internacional”.

Lo sucedido en Brasil implica otro golpe para aquellas personas que quieren dejar atrás la crisis que atraviesa Venezuela dirigiéndose a los países vecinos. También en otras fronteras las complicaciones se están multiplicando.

Perú y Ecuador anunciaron en los últimos días que empezarán a exigir pasaporte a los venezolanos para detener el ingreso masivo de inmigrantes. Esta exigencia comenzó a aplicarse el sábado en Ecuador, adonde ha llegado un millón de venezolanos en el último año. De esos migrantes, 250.000 se quedaron, según datos oficiales.

“Siempre el bienestar de los ecuatorianos está por encima de todo, y el de los propios venezolanos, porque en el momento en que tengamos a 500.000 o un millón, no sólo los ecuatorianos no van a recibir ciertos servicios, sino los mismos venezolanos”, dijo el ministro del Interior, Mauro Toscanini, en una entrevista publicada por el diario El Comercio. La decisión de exigir el pasaporte puede ser “aparentemente” dura, pero “va en beneficio” de los propios venezolanos, agregó.

La medida fue cuestionada, entre otros, por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, que se dirigió a la Justicia para intentar revertirla y aseguró que está dispuesta a recurrir a organismos internacionales por este tema.

En Perú, la exigencia del pasaporte entrará en vigor el sábado 25. El ministro del Interior, Mauro Medina, dijo que el único objetivo de la medida es tener “un registro adecuado” de los inmigrantes. “Aquí no hay ningún afán de hostigar ni de xenofobia, pero también tenemos que pensar en la seguridad ciudadana”, dijo en una conferencia.

Además, Perú redujo seis meses, hasta diciembre, el período durante el cual los migrantes podrán pedir el permiso temporal para permanecer en el país. El gobierno afirmó que ya fueron recibidos unos 400.000 venezolanos.

En este contexto, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, dijo en Twitter que “es necesario mantener las puertas abiertas al pueblo de Venezuela, víctima de la peor crisis humanitaria que el continente ha visto y que ha generado el mayor éxodo de las Américas”.

También se manifestó sobre estas nuevas exigencias el gobierno de Colombia, país limítrofe con Venezuela. “Nosotros flexibilizamos las normas migratorias, le damos la mano a la población venezolana y nos preocupa que otros países estén restringiendo de alguna manera el ingreso”, dijo el director de Migración de Colombia, Christian Krüger, a varios periodistas. Ni Krüger ni otras autoridades colombianas mencionaron la posibilidad de adoptar medidas similares a las de Perú o Ecuador.

Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos anunció que enviará un buque hospital a Colombia para asistir con atención médica a los venezolanos. El anuncio fue celebrado por las autoridades de ambos países, pero también criticado. El presidente de Bolivia, Evo Morales, alertó acerca de una “invasión encubierta” de Estados Unidos a América Latina.

La entrada en vigencia de la exigencia de pasaporte en Ecuador dejó en una situación de incertidumbre a centenares de venezolanos que estaban por llegar a ese país o que ya habían cruzado la frontera y no tienen el documento requerido. Muchos de ellos se niegan a volver a Venezuela, pese al temor a las medidas que pueda adoptar para ellos el gobierno ecuatoriano.