El martes se cumplieron cinco meses de la muerte de la edila carioca Marielle Franco, asesinada junto a su chofer, Anderson Gomes. La fecha fue conmemorada por la familia, que emitió un comunicado en el que pidió que se esclarezca este crimen, y por organizaciones civiles brasileñas e internacionales. Una de estas, Amnistía Internacional, manifestó que “suscita preocupación que el caso sea ignorado” después de que, durante cinco meses, no haya habido “respuestas sobre los autores” ni sobre “la motivación” del crimen.
Debido a la falta de avances, el ministro de Seguridad Pública, Raul Jungmann, sugirió que el caso sea trasladado de la Policía Civil de Río de Janeiro a la Policía Federal nacional. “Tenemos la obligación de poner a la Policía Federal a disposición”, dijo Jungmann en una conferencia en la que aclaró que no quería “descalificar” a la Policía carioca, sino reconocer que la investigación es “compleja” y que la institución nacional es “una de las mejores policías del mundo”.
Los homicidios en Brasil suelen ser tratados por la Policía Civil o Militar, que dependen de cada estado. En el caso de Franco se evaluó que era mejor que permaneciera a cargo de la civil porque desde un comienzo se sospechó que podían estar involucrados policías militares, actuales o retirados. De hecho, un ex policía militar es uno de los detenidos, sospechoso de ser uno de los autores materiales del asesinato.
La posibilidad de que la investigación sea derivada a la Policía Federal fue rechazada de plano no sólo por el Ministerio Público estadual, sino también por el Gabinete de Intervención (en febrero el gobierno de Michel Temer ordenó la intervención de la seguridad de Río de Janeiro, lo que incluye entre otras cosas que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad en la ciudad). Este gabinete señaló que debido a la intervención de Río de Janeiro las policías ya están bajo la órbita del gobierno nacional, por lo que no sería necesario el traslado a la Policía Federal.
Unos días antes, Jungmann había dicho que en el asesinato de Franco estaban “implicados agentes públicos, así como políticos”, sin aclarar si serían acusados o si esa era una línea de investigación de la Policía Civil.
Las declaraciones de Jungmann van en línea con la que hizo unos días antes el diputado estadual de Río de Janeiro Marcelo Freixo, considerado el padrino político de Franco e integrante, al igual que ella, del Partido Socialismo y Libertad (Psol). En entrevistas con la revista Veja y la cadena O Globo, Freixo reclamó a la Policía Civil que avanzara en la investigación sobre la supuesta vinculación de tres diputados estaduales con el crimen. Afirmó que esta hipótesis fue manejada en un encuentro que mantuvo con representantes de la Policía y del Ministerio Público Federal y lamentó la falta de progresos. O Globo confirmó que la reunión se realizó con otros dos participantes.
Los diputados estaduales a los que apunta Freixo son Jorge Picciani, Edson Albertassi y Paulo Melo, los tres del Movimiento Democrático Brasileño, el partido del presidente Michel Temer. Los tres están presos desde noviembre de 2017, acusados de haber recibido sobornos para favorecer a una empresa de ómnibus en Río de Janeiro.
Cuando aquellas detenciones eran inminentes, Albertassi fue designado por la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro como consejero del Tribunal de Cuentas del Estado. Esto tendría como efecto inmediato que la investigación que involucraba a los tres recayera en el Supremo Tribunal Federal, lo que les permitiría ganar tiempo. El Psol, con el liderazgo de Freixo, consiguió anular esa designación con una votación que derivó en que los tres fueran detenidos en simultáneo.
En ese entonces se generaron fuertes discusiones, al punto de que la Asamblea Legislativa votó para rechazar las detenciones y la Justicia local tuvo que liberar a los detenidos, para volver a arrestarlos días después con el respaldo de órganos judiciales superiores.
Freixo contó que él ya había denunciado acciones criminales de algunos diputados estaduales del Movimiento Democrático Brasileño (MDB). “Nunca gané en la Justicia ninguna acción contra ese grupo hasta esa vez, que gané”, dijo a TV Globo. “Ellos fueron presos [...] y dentro de la Asamblea Legislativa se generó odio y rabia”, lo que podría haber derivado en el crimen, opinó. El diputado estadual también consideró que esta hipótesis es más creíble que la que señala como autor intelectual del asesinato al edil Marcello Siciliano, quien trabajaba de cerca con Franco en algunas de sus reivindicaciones, como el rechazo a la intervención militar de Río de Janeiro.
Después de las declaraciones de Freixo, tanto Picciani como Albertassi y Melo negaron las acusaciones por intermedio de sus abogados. Manifestaron que esas denuncias son fantasiosas, increíbles e irresponsables.
En sus declaraciones a O Globo, Freixo dijo que si los tres integrantes del MDB no son castigados por el crimen de Franco “van a matar de nuevo: van a matar a un edil, un diputado estadual o uno nacional”.