El juez Claudio Bonadio pidió al Senado autorización para allanar un apartamento, una casa y el despacho parlamentario de la ex presidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández, para investigar si participó en un caso de pago de sobornos a cambio de contratos con el Estado. Esta causa avanzaba desde enero, pero esta semana tuvo sus primeras repercusiones públicas con la emisión de una veintena de órdenes de detención por parte de Bonadio. De esas órdenes, ayer se habían cumplido una docena, con el arresto de empresarios y ex funcionarios de gobiernos kirchneristas.

El principal elemento en la causa es un conjunto de ocho cuadernos en los que se detallaban los traslados de bolsos llenos de plata en efectivo entre las direcciones de ex jerarcas, aparentemente para pagar coimas. Los registros en los cuadernos fueron hechos por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, que a su vez era el número dos de Julio de Vido en el Ministerio de Planificación.

La supuesta trama de corrupción, según los cuadernos a los que tuvo acceso el diario La Nación –la investigación está todavía bajo secreto de sumario–, comenzó durante el gobierno de Néstor Kirchner y continuó en el de Fernández. En sus apuntes, Centeno incluye nombres, direcciones y cantidades de dinero trasladadas, entre otros datos.

Según los diarios argentinos, Centeno reconoció que es el autor de los cuadernos y se acogió a la figura del arrepentido. De esa manera se comprometió a revelar todo lo que sabe a cambio de una reducción de su pena.

Algunos de los elementos que se relatan en los cuadernos –como las visitas de ex jerarcas a la Residencia de Olivos durante la presidencia de Kirchner– fueron investigados por la Justicia antes de que se emitieran las órdenes de detención. A partir de esos elementos, Bonadio presentó al Senado un pedido para allanar domicilios y oficinas de la ex presidenta (que están amparados por los fueros de senadora) y prepara una solicitud de desafuero que presentaría en los próximos días, según manifestaron fuentes judiciales a varios diarios argentinos.

Por su parte, el senador oficialista Eduardo Costa ya presentó ayer en la cámara alta un proyecto para que se declare la “inhabilidad moral” de Fernández y se le retiren los fueros.

La ex presidenta será la última ex jerarca en declarar por esta investigación ante Bonadio, que convocó a prestar testimonio como imputados a 18 ex jerarcas y empresarios. El juez buscará recabar información en las 17 entrevistas previas para llegar con más elementos al encuentro del lunes 13 con Fernández, con la que tuvo varios momentos tensos a raíz de otras causas que instruye en su contra. De acuerdo con La Nación, Bonadio tiene previsto pedir el desafuero de Fernández después de esa instancia, para eventualmente solicitar su prisión preventiva.

El mismo diario señala que la postura histórica del peronismo en la cámara alta ha sido la de no retirar la inmunidad parlamentaria a ningún senador mientras no tenga sentencia firme. Ejemplo de ello es la situación del ex presidente Carlos Menem, que está condenado en dos causas diferentes.

La investigación involucra no sólo a políticos kirchneristas, sino también a empresarios; de hecho, seis de los 12 detenidos dirigieron empresas constructoras. En un encuentro con dirigentes de su círculo más cercano, el presidente Mauricio Macri celebró esta nueva investigación, según informó Clarín, aunque también manifestó su preocupación por la situación de su primo, Ángelo Calcaterra, ex dueño de IECSA. Javier Sánchez Caballero, el ex gerente general de la constructora, la que más obra pública consiguió durante el kirchnerismo, fue una de las personas arrestadas el miércoles. Además, Macri advirtió: “Este escándalo va a salpicar a varios empresarios y es lógico que así pase”.