En mayo un caso policial sacudió el municipio de La Reina, vecino del barrio de clase alta Las Condes, en la ciudad de Santiago. Un hombre asaltó a una mujer y la mató, según dijo, accidentalmente. El joven tenía antecedentes y, aunque fue detenido pocas horas después, lo sucedido generó una fuerte sensación de inseguridad, al menos en una parte de los habitantes de La Reina. El gobierno local adoptó varias resoluciones, una de las cuales es muy cuestionada: la de que los ciudadanos aprendan a disparar sus armas.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, dijo que un tercio de las casas del municipio tiene un arma (unas 10.500) pero que de una encuesta realizada por la comuna se desprende que 90% de los habitantes no sabe cómo usarla. Así justifica la decisión del gobierno que dirige de llegar a un acuerdo con el Club de Tiro para que los ciudadanos de la zona cuenten con 30% de descuento en sus cursos.

El convenio incluye la creación de un cupo de diez lugares para que sean ocupados de forma gratuita por mujeres. “Nos acercamos al polígono de tiro para usar esta infraestructura y prestarles un servicio a nuestros vecinos, para entregarles más seguridad a ellos y sus familiares”, dijo el alcalde al diario chileno La Tercera. El periódico también consultó a varias mujeres que participan en el programa, que dijeron sentirse más seguras después de haber hecho cursos de tiro, antes de que se presentara este convenio.

Si bien Palacios aseguró que desde el municipio no están llamando “ni a tener armas ni a armarse”, su iniciativa recibió críticas desde los más diversos sectores. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, subrayó que “quienes pueden hacer uso de armas son los carabineros y los policías” y consideró que es perjudicial “fomentar” que la gente las utilice, tal como lo hace esta política. “Esperemos que los municipios, más que dedicarse a fomentar el uso de armas, se dediquen y destinen sus recursos a que tengamos una mejor presencia y dotación de carabineros”, agregó.

Por su parte, el director de Carabineros, el general Hermes Soto, dijo que “no entendía” cuál era el objetivo del convenio, lamentó que se “llame a la comunidad a hacer este tipo de prácticas” y advirtió que si alguien va a tener un arma en su casa tiene que tomar las prevenciones necesarias para “evitar situaciones riesgosas y accidentes”.

El senador opositor Felipe Harboe, que fue subsecretario del Interior, consideró una “pésima señal” este convenio que “promueve” el uso de armas. “Lo que está diciendo el alcalde a la ciudadanía es que, como habrá delitos en su comuna, es mejor que la gente compre armas y entrene para poder usarlas”, cuestionó.

Desde el sistema judicial, el fiscal regional, Manuel Guerra, consideró que esta decisión se adoptó pensando en casos puntuales que no la justifican. “Esto de algún modo significa asumir que el Estado no tiene la capacidad para hacer frente a la delincuencia”, cuando en realidad los delitos violentos están disminuyendo en La Reina, dijo.

También hubo críticas de parte del director de la fundación Ciudadano Seguro, David Rozowski, que calificó el convenio de un “despropósito” y “algo muy poco serio” que va a aumentar la cantidad de armas disponibles en las calles, poniendo en riesgo a los vecinos.