Las decisiones judiciales siguen marcando la agenda de la ex presidenta Cristina Fernández, que ayer presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello, encargado de la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

Por este caso judicial, el empresario Lázaro Báez está en prisión preventiva desde hace más de dos años, y Fernández fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan. Tanto Báez como la ex presidenta son investigados como coautores de lavado de activos por un supuesto desvío de fondos destinados a la obra pública. Ayer Fernández compareció en el juzgado de Casanello para entregar, en el marco de esta investigación, un escrito que también publicó en sus redes sociales.

En una primera instancia Casanello había procesado únicamente a Báez, cuyo juicio comenzará a fines de octubre, mientras seguía investigando a la ex presidenta. En su resolución, el juez había considerado que si bien “se tuvo por acreditado que los fondos [...] tuvieron su origen en un fraude cometido por una asociación ilícita que integraban, entre otros, Lázaro Báez y Cristina [Fernández de] Kirchner”, esto no era suficiente “para atribuir responsabilidad penal por estos hechos” a la ex presidenta.

Esta decisión judicial fue apelada por la estatal Unidad de Información Financiera con una queja en la que argumentó que “nada de lo que hizo Lázaro Báez podría haber sido posible sin Cristina Kirchner” y reclamó que la actual senadora fuera citada a indagatoria antes del inicio del juicio, con la intención de que ella también fuera incluida en ese proceso.

En una decisión que no tiene muchos precedentes, adoptada a comienzos de setiembre, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones decidió, por dos de tres votos, forzar a Casanello para que citara a indagatoria a Fernández, que ya está procesada en otras seis causas, una de ellas muy vinculada con este proceso. El voto disidente entre los jueces de ese tribunal, el de Leopoldo Bruglia, se basó en que era improcedente el pedido de un organismo del Poder Ejecutivo en este caso. A su vez, Fernández elevó un recurso contra esta decisión, pero fue desestimado el lunes, tras lo cual fue citada por Casanello a indagatoria.

En el escrito que presentó ayer, Fernández señala que la suya es “una situación inédita” porque fue convocada por una decisión de un tribunal de segunda instancia y no “del magistrado que tiene a cargo la instrucción de esta causa desde su inicio”. Afirmó que esta es “una grave irregularidad”, una más en el marco de “la larga persecución” de la que es víctima desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2015. Agrega que su situación es parte de un “fenómeno [...] regional en Latinoamérica”, y menciona como ejemplo el caso del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en segunda instancia en un criticado proceso judicial que impidió su candidatura presidencial.

“Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”, asegura la ex presidenta en un extenso escrito. Además, sostiene que en los procesos judiciales en su contra se está “lejos” de buscar “de manera imparcial la verdad” y, en cambio, “se convierte al imputado en un enemigo, sin que las pruebas o la ley constituyan freno alguno para tal impulso”.

En las redes sociales, Fernández publicó este texto y aseguró que el juez Casanello “reconoció, en cuatro oportunidades, que no hay ningún hecho ni prueba” que la vincule con la causa. Recordó además que el tribunal de apelaciones que dispuso que la citaran a declarar actuó a raíz de un recurso presentado “por decisión de Mauricio Macri”, en referencia a la Unidad de Información Financiera. “Es una indagatoria a pedido. Más claro, echale agua”, dijo.