Las elecciones de Brasil del 7 de octubre, con el favorito amenazado con la anulación de su candidatura y el segundo en las encuestas internado después de recibir una puñalada, sumaron una nueva polémica: las declaraciones del comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Bôas. En una entrevista con O Estado de São Paulo, el jerarca militar opinó largo y tendido sobre las novedades electorales, la candidatura del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la legitimidad de las elecciones.
Villas Bôas dijo que la puñalada que un hombre –que, según se ha informado, no actuó por motivos políticos– dio a Jair Bolsonaro es una muestra de que en la campaña hay una “intolerancia generalizada” y una “incapacidad para colocar encima de las cuestiones políticas, ideológicas y personales los intereses del país”. Esto, dijo, “hace difícil que el nuevo gobierno tenga estabilidad”, y agregó que incluso “puede ser cuestionada su legitimidad”. Como ejemplo, dijo que la puñalada puede implicar que Bolsonaro diga que fue perjudicado si pierde las elecciones o que sus opositores digan que fue beneficiado si las gana.
Al ser consultado sobre cómo sigue el Ejército el intento de Lula de ser candidato a la presidencia, Villas Bôas dijo que le preocupa que las posiciones opuestas en torno a este tema estén tan marcadas porque puede “acabar minando tanto la gobernabilidad como la legitimidad del próximo gobierno”.
Acerca del pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a favor de que se permita la candidatura de Lula, opinó que se trata de una “tentativa de invasión a la soberanía nacional” que es “preocupante”. En torno a este tema, también consideró que “el peor escenario” es que Brasil llegue a las elecciones con un candidato cuya elegibilidad esté sujeta a decisiones judiciales, como sería el caso de Lula, “enfrentando tanto a la Constitución como a la Ley Ficha Limpia” y “dificultando la estabilidad y la gobernabilidad del futuro gobierno”.
El Partido de los Trabajadores (PT), que defiende la candidatura de Lula, repudió las declaraciones de Villas Bôas. “Se trata de una intervención militar en la política”, criticó la presidenta de esa organización política, la senadora Gleisi Hoffmann. “Cuando el poder de las armas se manifiesta sobre el poder de la política y de la Justicia, excediendo sus funciones constitucionales, el resultado nunca es positivo”, tuiteó Hoffmann.
En un comunicado, el PT manifestó que “es muy grave que un comandante con alta responsabilidad se arrogue el derecho a interferir directamente en el proceso electoral, algo que las Fuerzas Armadas no hacían desde los sombríos tiempos de la dictadura”. El partido considera que, con sus declaraciones, Villas Bôas “pretende tutelar las instituciones republicanas”, en particular, “el Poder Judicial, que aún examina recursos judiciales legítimos en relación al ex presidente Lula”.
Justamente ayer, el PT y los abogados defensores de Lula intentaban evitar que su candidatura fuera vetada de forma definitiva. En su sesión del viernes 31 el Tribunal Superior Electoral la anuló argumentando que, como la condena que recibió el ex presidente fue ratificada por un tribunal colegiado, la Ley Ficha Limpia lo inhabilita a postularse a la presidencia. Además, dio al PT un plazo que termina hoy para designar a un nuevo candidato. El PT ha presentado varios recursos para modificar esa decisión y también el plazo. Algunos de esos recursos ya fueron rechazados y otros continúan en trámite.
En un intento de aumentar la presión sobre el Poder Judicial, los abogados defensores de Lula consiguieron una nueva declaración del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Semanas atrás este organismo había instado a Brasil a respetar los derechos políticos de Lula hasta que los tribunales de última instancia del país se pronunciaran sobre su caso. Este fue uno de los argumentos presentados por la defensa del ex presidente a favor de su candidatura, aunque los magistrados del Tribunal Superior Electoral lo descartaron porque consideraron que primaban las leyes nacionales.
Para revertir esto, los abogados pidieron un nuevo pronunciamiento, que fue emitido ayer. En un comunicado, el comité manifestó: “Un Estado Parte no puede invocar su ley interna para incumplir una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Es una decisión que Brasil debe cumplir”.