La Defensoría Pública de Río de Janeiro presentó ayer los resultados parciales de una investigación que está llevando adelante desde que comenzó la intervención militar de este estado, hace más de seis meses. En el estudio recoge las denuncias de abusos cometidos por todas las fuerzas de seguridad en las favelas cariocas.
En el informe se reconoce que la intervención generó una reducción en los delitos contra el patrimonio, que hace unos días fue celebrada por el gobierno de Michel Temer. Sin embargo, se advierte que “se agudizaron los crímenes contra la vida provenientes de la actuación de las fuerzas de seguridad”; de 643 casos de muertes en el período enero-julio de 2017 a 895 en el mismo período de 2018.
Pese a la inclusión de estos datos, el foco del informe no está en estos crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, que son los que han tenido más presencia en los medios brasileños y en las denuncias policiales. El centro se coloca en “las otras violaciones de derechos que suceden durante las operaciones de seguridad, que no ganan la misma visibilidad pública”, aunque generan “sufrimiento físico y emocional en los habitantes de las favelas”, dijo el responsable de la Defensoría, Pedro Strozenberg.
Un grupo de integrantes de la Defensoría del Pueblo y de otras 25 entidades estatales y organizaciones civiles recorrieron 15 favelas y conversaron con diez o más personas en cada una de sus visitas. Los relatos que obtuvieron “exponen la cotidianidad perversa de miedo e invisibilidad a la que se encuentran sometidas cientos de miles de personas en Río de Janeiro”, y “demuestran que hay un modus operandi en la manera en que las comunidades son tratadas por las fuerzas de seguridad”, dijo Strozenberg.
En el informe se enumeran decenas de ejemplos de violencia ejercida sobre la población de las favelas que se dividen en cinco ejes: violencia en el domicilio, durante el abordaje en el espacio público y durante las operaciones policiales son los tres primeros, y a estos se agregan “letalidad provocada por el Estado”, que va desde falta de asistencia hasta ejecuciones, y los “impactos de la intervención”, desde restricción de la libertad de circulación hasta persecución de personas inocentes.
Dos poblaciones son detectadas como especialmente vulnerables en el informe. Una son los jóvenes negros, ya que es habitual que sean detenidos sólo por estar reunidos en un espacio público, lo que hace “inocua la presunción de inocencia” para ellos. Otra son las mujeres, que suelen enfrentar situaciones de violencia cuando están ante militares o policías: las manosean, las amenazan con violarlas, las mandan a “lavar los platos”.
Las violaciones de domicilio son constantes. Los habitantes de las favelas cuentan que es habitual que militares y policías rompan puertas y portones, que entren como si fueran sus propias casas, se coman su comida, revisen sus cosas y se lleven su dinero, sin ningún tipo de consecuencia. En algunos casos –que la Defensoría del Pueblo considera que deben ser muchos más de los mencionados– estas situaciones incluyen todo tipo de abusos sexuales.
Los abordajes de los habitantes de las favelas por parte de la Policía y los militares también presentan múltiples casos de violencia. “La dinámica [...] varía de acuerdo al perfil y el contexto en el que es llevada adelante”, indica el informe. Todos los habitantes cuentan que los abordajes siempre incluyen gritos e insultos, y en algunas ocasiones también golpes en la cara, especialmente hacia los más jóvenes. Entre los atropellos recurrentes está la revisión de los celulares, que a veces incluso son robados.
Otra práctica común que aparece en las denuncias es el sobrevuelo con helicópteros militares sobre las favelas, que a veces incluye disparos hacia el suelo. “Casi todos los días nos despertamos con el helicóptero encima haciendo barullo. Ellos van y vienen, y nosotros nos quedamos todo el día con la angustia de saber que en cualquier momento pueden empezar a tirar”, contó un hombre.
También se repite en las denuncias que escuchó la Defensoría Pública de Río de Janeiro que las cifras de los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad en las favelas son más altas de lo que se informa oficialmente. Un habitante de la favela señaló: “En la última operación que se hizo acá, ellos mataron a casi 20 personas. Dijeron que fueron ocho, pero era mentira. Siempre muere más gente de la que dicen”.