La idea de instalar una base militar estadounidense en territorio brasileño, que había sido esbozada por el canciller Ernesto Araújo y elogiada por el secretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo, fue descartada por el gobierno de Brasil. El presidente Jair Bolsonaro la trasladó a la cúpula de las Fuerzas Armadas y los altos mandos militares la rechazaron de plano.

Según informó el diario Folha de São Paulo, la propuesta, que fue transmitida por el ministro de Defensa, el general Francisco Azevedo e Silva, tomó por sorpresa a los jefes militares, en particular porque provino de un gobierno liderado por Bolsonaro, un militar con perfil nacionalista.

Durante su encuentro con el ministro de Defensa, los mandos militares la consideraron contraria a los principios de soberanía y a la búsqueda de medios de autodefensa establecidos por la política y la estrategia nacional de defensa brasileña.

Manifestaron, además, su preocupación por el precedente que marcaría en la región la instalación de una base de Estados Unidos en territorio brasileño. Desde hace años, Rusia pretende instalar una base militar en la costa caribeña venezolana, y un movimiento de este tipo por parte de Brasil podría estimular y acelerar esa idea impulsada por el gobierno de Vladimir Putin, lo que generaría un punto de tensión en la región.

A diferencia de esta iniciativa del gobierno de Bolsonaro, otras sí están en movimiento en Brasil, a poco más de una semana de su asunción.

El ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmó ayer, durante una entrevista con la radio CBN, que el gobierno puede privatizar o liquidar cerca de 100 empresas estatales, como forma de recaudar y a la vez reducir gastos. Según afirmó Freitas, ese número puede ser alcanzado si se consideran como liquidables o vendibles empresas subsidiarias de instituciones estatales, como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el Banco do Brasil, la Caixa Federal y Eletrobras. Dijo Freitas: “Obviamente no estamos hablando únicamente de privatizaciones, sino también de liquidación de algunas empresas cuya existencia hoy no tiene sentido. El gobierno está revisando una serie de situaciones respecto de este tipo de empresas para promover liquidaciones, que de cierta manera van a reducir el presupuesto. Reduciendo el presupuesto va a haber dinero disponible para destinar a otras prioridades”.

Freitas afirmó también durante la entrevista que su ministerio está estudiando la posibilidad de nuevas concesiones para arreglar 5.600 kilómetros de carreteras, además de otros 4.000 cuyas obras ya están concedidas pero cuyo proceso de licitación será revisado.

Otra medida polémica del actual gobierno ha sido cuestionada por algunos ministerios. Días atrás se informó que el ministro de Presidencia, Onyx Lorenzoni, decidió no prorrogar los contratos de empleados a cargo de su cartera que no sintonicen políticamente con el actual gobierno. Al hacer pública su decisión, Lorenzoni empleó el término “despetización”, que había sido utilizado en la campaña electoral por Bolsonaro.

Pero ayer el ministro de la Secretaría de Gobierno, Santos Cruz, dijo que no seguirá el criterio de Lorenzoni, ya que para él lo importante en su ministerio será la capacidad profesional. “La no renovación de los empleados contratados es normal, pero yo no trabajo con ese criterio”, afirmó Santos Cruz citado por Folha. “Para mí el criterio que vale es el de la capacidad profesional, porque además creo que una persona que es militante de un partido como el Partido de los Trabajadores, casi por una cuestión moral, debería renunciar a trabajar en este gobierno”, agregó.

Por su parte, el nuevo presidente del Banco do Brasil, Ruben Novaes, dijo durante su discurso de asunción que mantendrá a los funcionarios de la institución financiera, más allá de su filiación partidaria.

La medida adoptada la semana pasada por Lorenzoni de cesar los contratos de 320 empleados del Ministerio de Presidencia por su ideología fue criticada por integrantes de la nueva gestión de gobierno. Para ellos la medida fue apresurada porque terminó perjudicando el funcionamiento de estructuras básicas y desarticulando parte del cuerpo técnico de la gestión del gobierno federal.