Dos semanas después de asumir la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro cumplió una de sus principales promesas de campaña y ayer firmó un decreto que flexibiliza la venta, el registro y la tenencia de armas en casas y locales comerciales. El gobernante argumentó que la medida responde a lo que pidieron los brasileños en 2005 en un referéndum en el que la mayoría, 63%, rechazó la prohibición de la venta de armas a civiles.

“Para garantizarles ese legítimo derecho a la defensa, yo, como presidente, voy a usar esta arma”, dijo Bolsonaro, mientras mostraba ante las cámaras la lapicera que usó para firmar el decreto. “Infelizmente, el gobierno se valió en ese entonces de decretos y normas para negar ese derecho que la sociedad había reclamado”, agregó, en referencia a distintas normativas que fueron aprobadas durante el mandato del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La legislación que regía hasta ahora permitía la tenencia de armas a personas mayores de 25 años sin antecedentes penales, con una ocupación lícita, un certificado de capacidad psicológica para su uso y una necesidad que pudiera ser justificada. El decreto de Bolsonaro mantiene estas condiciones pero relaja los requisitos y amplía el universo de quienes pueden comprar armas.

Podrán hacerlo funcionarios públicos que trabajen en las áreas de seguridad e inteligencia o en la administración penitenciaria, y militares activos o retirados. También podrán acceder a armamento personas que residan en zonas rurales o urbanas, pero en este último caso si los índices anuales son superiores a diez homicidios cada 100.000 habitantes –lo que abarca a prácticamente todo el país–. Además, y esto aparece como una novedad, son contemplados los dueños o responsables de comercios e industrias, y los coleccionistas o cazadores.

El decreto establece que quienes se encuadren en estas figuras podrán adquirir hasta cuatro armas de fuego, con la salvedad de quienes demuestren que necesitan una cantidad mayor, por ejemplo, porque tienen más propiedades que proteger. Las únicas limitaciones que impone son para las residencias en las que haya niños o personas con problemas de salud mental. En estos casos, quien quiera comprar un arma deberá demostrar que posee en su domicilio una caja fuerte o un “lugar seguro” para guardarla, establece el decreto, que será publicado en el Diario Oficial y que tiene “efecto inmediato”. Una vez que esté publicado, quienes actualmente tengan el registro vencido lo verán renovado automáticamente. El nuevo registro ya no requerirá una autorización policial y su vigencia se ampliará de tres a cinco años.

La medida de Bolsonaro fue cuestionada por distintos partidos de la oposición. El Partido de los Trabajadores (PT) dio un paso más y anunció que acudirá a la Justicia para pedir la anulación del decreto. “Es un asunto que no puede ser objeto de un decreto, porque implica la preservación de la vida”, declaró el senador Humberto Costa, jefe de la bancada del PT en el Senado.

Sin embargo, no hay muchas perspectivas de que el recurso prospere ya que, según han declarado algunos magistrados, el decreto tiene plena validez legal. “Si se quisiera establecer la pena de muerte, la Constitución lo impide, pero alterar la política de armamento no hiere una cláusula pétrea”, declaró esta semana el presidente del Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli.

Los datos oficiales señalan que, cada año, 60.000 personas mueren en Brasil a causa de situaciones de violencia en las que están involucradas armas de fuego.