El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, participó ayer junto al ministro de Economía, Paulo Guedes, en la asunción de los nuevos presidentes de tres bancos públicos: la Caixa Federal, el Banco do Brasil y el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Rubem Novaes presidirá el Banco do Brasil, Joaquim Levy el BNDES y al frente de la Caixa Bolsonaro designó a Pedro Duarte Guimarães. Este último nombre generó una fuerte molestia en la izquierda, en particular en el Partido de los Trabajadores (PT), porque el funcionario es el yerno del empresario Leo Pinheiro, uno de los dueños de la empresa constructora OAS, que actualmente se encuentra preso por la red de corrupción en Petrobras. Un cambio en el testimonio que Pinheiro había dado ante la Justicia fue clave en su momento para decidir la condena por corrupción del ex presidente Luiz Inácio Lula de Silva. El juez que lo condenó, Sérgio Moro, fue designado ministro de Justicia del nuevo gobierno.

Ayer, durante la asunción de los presidentes de los tres bancos, Bolsonaro afirmó que “la transparencia debe estar por encima de todo”. El nuevo mandatario no profundizó en temas económicos, pero se mostró convencido de que los designados van a hacer bien su trabajo. “No podemos equivocarnos, porque si lo hacemos los señores saben bien que podrían volver”, dijo, haciendo alusión al PT.

Recursos en duda

Por otra parte, y siguiendo la línea que ya había comenzado a marcar durante la campaña electoral, Bolsonaro criticó a la prensa y también prometió un rígido control de los recursos estatales que se le entregarán a las organizaciones civiles.

Antes de llegar a la presidencia, Bolsonaro había anunciado que revisaría las pautas de la publicidad estatal, y durante la campaña había amenazado con retirarle la publicidad estatal al diario Folha de São Paulo, uno de los más vendidos. “No quiero que Folha cierre, pero en lo que a mí concierne, el medio que se comporte en forma indigna no tendrá recursos del gobierno federal”, había dicho.

Según informó ayer, el asunto de asignación de publicidad estatal ya fue tratado con el equipo económico de su gobierno. “Ningún órgano de prensa tendrá derecho a recibir más o menos de aquello que gastaremos en toda la prensa. Queremos que exista cada vez más una prensa fuerte e independiente, porque la prensa libre es la garantía de nuestra democracia. No queremos que sean, como algunos fueron hasta hace poco tiempo, medios parciales. Vamos a creer en ustedes, pero estas pautas no serán más privilegiadas para la empresa A, B o C”, dijo Bolsonaro.

El mismo mensaje les envió a las organizaciones civiles, y dijo que a partir de ahora, el traspaso de los recursos estatales estará sometido a un “rígido control” para “garantizar que los recursos públicos sean mejor utilizados”.

La cuestión de la transparencia y el uso de los recursos públicos fue y es uno de los principales caballitos de batalla que ha utilizado Bolsonaro. El fin de semana publicó en Twitter: “Estamos trabajando a ritmo acelerado, desmontando rápidamente montañas de irregularidades y situaciones anormales que están siendo y serán comprobadas y expuestas. La certeza está; existía todo un sistema formado para violentar financieramente a los brasileños sin la menor preocupación”. Publicó este tuit en respuesta a otro publicado por el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que citó un texto oficial y escribió: “Casi 30 millones de reales [unos ocho millones de dólares] en alquiler de autos sólo para Ibama [...]”.

Esta acusación contra el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Ibama) generó la inmediata reacción de su titular, Suely Araújo, quien además de defender la tarea de la entidad que presidía, ayer presentó su renuncia al cargo, según informó la revista Fórum.

En un comunicado, Araújo manifestó que la acusación hecha por Bolsonaro y Salles demuestra un “completo desconocimiento de la magnitud del organismo”. La ex funcionaria afirmó: “Los vehículos que utiliza el Ibama fueron contratados para una cobertura de todo el ámbito nacional. El nuevo contrato incluye 393 camionetas adaptadas para las actividades de fiscalización, combate a los incendios forestales, emergencias ambientales, acciones de inteligencia y visitas técnicas en los 27 estados brasileños, e incluye además el combustible, la manutención y los seguros de los vehículos. La acusación sin fundamento evidencia un completo desconocimiento de la magnitud del Ibama y de sus funciones”.