Esta semana trascendió un caso de abigeato en el que un hombre –contratado por una empresa de origen brasileño y que terminó suicidándose– vendió por lote 300 vacas que una empresa le había entregado con certificado de preñez para que pastaran en un campo cercano a la ruta 15, en Rocha. 13 personas fueron formalizadas por ese caso, ocho de ellas como responsables de un delito de receptación, cuatro por un delito de abigeato especialmente agravado en calidad de coautores y una como cómplice. La noticia dio lugar a que se cuestionara el funcionamiento del sistema de trazabilidad, pero también adquirió dimensiones políticas ante algunas acusaciones de dirigentes oficialistas que vincularon con el robo a legisladores y “allegados” de los partidos Nacional (PN) e Independiente, y a integrantes del movimiento Un Solo Uruguay.
Uno de los dirigentes frenteamplistas que se pronunciaron al respecto es el diputado Gerardo Núñez, del Partido Comunista, que publicó el lunes en su cuenta de Twitter: “Abigeato: muchos ‘allegados’, militantes y familiares de legisladores del Partido Nacional y del Partido Independiente, también hay de los autoconvocados. ¿Tendrá que ver esto con la férrea oposición a la ley de financiamiento de partidos políticos? Pregunta, no opinión”.
Sobre las declaraciones de Núñez, el diputado nacionalista Pablo Abdala comentó a la diaria que es muy común que su par haga afirmaciones “altisonantes” e “insensatas”. “Después de haber dicho que el pueblo tenía que armarse para enfrentar las Fuerzas Armadas, creo que de los dichos de Gerardo Núñez hay que esperar cualquier tipo de afirmación. Ese es el comentario que me merece”, expresó.
Tanto Abdala como la presidenta del Directorio del PN, Beatriz Argimón, afirmaron que su partido no se pronunciará como tal sobre los hechos, porque corresponde dejar que la Justicia haga su trabajo. Argimón prefirió no hacer más declaraciones porque, dijo, conoce el caso a “grandes rasgos”. En cambio, Abdala sostuvo que “estamos frente a un episodio de delito común”, en el sentido de que “no tiene vinculación alguna con la política”. “Entre los involucrados no hay ningún ciudadano que tenga representación partidaria o política. Me parece que alcanza con las explicaciones y puntualizaciones que han hecho los legisladores que han hablado”, añadió.
El diputado Alejo Umpiérrez, del PN por el departamento de Rocha, fue uno de los primeros dirigentes nacionalistas en responder a las acusaciones de quienes lo vinculaban con el delito, por ser primo suyo quien procedió a vender el ganado de forma ilegal. En declaraciones a Radio Montecarlo, Umpiérrez sostuvo que esas acusaciones forman parte de una “política de enchastre del Frente Amplio (FA)” y de una “estrategia desesperada para encontrar dónde acusar y buscar adversarios”. Aseveró que esta es la “avant première” de una campaña política que será “la más sucia de las últimas décadas”, porque “el FA siente que va a perder el poder, y no va a escatimar recursos ni esfuerzos para tratar de hacer una política de enchastre de sus adversarios”.
En relación con las declaraciones de Umpiérrez, Abdala manifestó que prefiere “no atribuir intenciones” al legislador oficialista, y que espera que sea una “insinuación que después no se confirme en los hechos”. Sostuvo que sería perjudicial para la democracia que los recursos de la campaña electoral sean “el ataque” o “el agravio gratuito al adversario”, y que eso constituiría “un grave error” de los acusadores, “porque este tipo de actitudes terminan yendo en contra de quienes las protagonizan, ya que la gente no es tonta y termina condenando este tipo de actitudes a la corta o a la larga”.
La decisión de la Justicia
De acuerdo con las disposiciones del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), es posible, mediante un acuerdo entre las partes involucradas, que se haga una reparación económica y se pida la suspensión del proceso penal, para evitar una condena. Así sucedió en este caso: el fiscal del Chuy, Leonardo Drugos, dispuso la suspensión condicional del proceso ante la existencia de un acuerdo reparatorio para resarcir el daño, que implica, además del pago por el ganado a su dueño, la realización de tareas comunitarias, según informó el diario La República.
Ante los cuestionamientos de que fue objeto Burgos, el fiscal Carlos Negro publicó en su cuenta de Twitter: “Si usted fuese víctima de un delito contra la propiedad sin violencia, ¿que solución esperaría de la Justicia? ¿Que se imponga prisión al autor aunque ello implique perder el dinero, o que el autor del delito le pague a usted los daños ocasionados, a cambio de que se le suspenda el juicio?”. Y añadió: “La víctima es protagonista principal del conflicto penal. ¡Cómo nos cuesta incorporarla a su solución y escuchar su pretensión!”.
Por su parte, el abogado del dueño del ganado, Paulo Priliac, manifestó a Montevideo Portal que su cliente quedó “absolutamente conforme” con los acuerdos alcanzados con los imputados. Agregó que el interés de la empresa perjudicada era “recuperar lo perdido” y no tomar “venganza” con quienes la perjudicaron. De todas formas, comentó que le parece comprensible la postura de quienes “piden prisión” para los 13 empresarios involucrados en el delito. Priliac también defendió la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, porque permitió que el denunciante se ahorrara “dos o tres años de trámite” y que además recuperara los animales “en un mes”.