Los dos promovieron con fervor la idea durante la campaña electoral y, después de ganar las elecciones, aseguraron que la pondrían en marcha ni bien asumieran sus cargos el 1º de enero. El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, fue el único que por el momento transformó la promesa en una orden. Dos días después de haber asumido el puesto, Witzel autorizó a la Policía a matar a aquellos que cometan delitos armados con fusiles. “Si hay un ladrón con un fusil en el shopping Leblon no tengan duda, será abatido de forma inmediata. Y en la favela no podemos permitir que eso continúe y tengamos a los habitantes de aquella región arrinconados, sufriendo con personas con un arma de guerra a su lado”, dijo el dirigente.

La iniciativa fue condenada por diversas organizaciones civiles, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que han condenado en varias ocasiones la letalidad de la Policía brasileña y especialmente la de Río de Janeiro. La Policía de este estado mató a 1.444 personas de enero a noviembre de 2018, lo que supone el mayor número de muertes causadas por funcionarios policiales desde que las autoridades comenzaron a recolectar estos datos en 1988, según datos del Instituto de Seguridad Pública relevados por la agencia de noticias Efe.

Un estudio publicado a mediados de mes por el laboratorio de datos Fogo Cruzado concluyó que la intervención militar que decretó en febrero de 2018 el ex presidente Michel Temer en Río de Janeiro no logró disminuir el número de episodios de violencia. Según el documento, el estado registró el año pasado 61% más de tiroteos y disparos de arma de fuego que en 2017.

El mismo día en el que anunció la vía libre para que la Policía dispare a los delincuentes armados, Witzel dijo que los narcotraficantes tienen que ser tratados como “terroristas” y que, por eso, deberían permanecer recluidos en una prisión como la que tiene Estados Unidos en la base militar de Guantánamo, en Cuba. “Necesitamos tener nuestro Guantánamo. Hay que poner a los terroristas en lugares donde la sociedad se libre completamente de ellos”, afirmó el gobernador. Aclaró que, además de los narcotraficantes, serán tratadas como “terroristas” todas las personas que porten armas de grueso calibre y no estén uniformadas. “Quien usa un fusil y no está vistiendo un uniforme es enemigo. Quien usa un fusil y quiere dominar un territorio es un terrorista, y así será tratado”, aseguró.

El gobernador de San Pablo, João Doria, todavía no tomó medidas en este sentido, pero durante la campaña electoral aseguró que en su estado “la Policía va a disparar para matar” y que el ladrón que “reaccione” no irá a prisión sino directamente “al cementerio”. Si bien esta propuesta todavía sigue en el aire, las cifras muestran que, desde que llegó al gobierno local, Doria intensificó los operativos de las fuerzas de seguridad. En los primeros 15 días del año, tanto la Policía local como la Policía militar desarrollaron tres grandes operaciones en las principales ciudades del estado. Participaron en total 67.000 policías militares, un “número récord”, según informó el viernes la revista brasileña Istoé. El resultado: 743 personas fueron detenidas y 195 vehículos que habían sido robados fueron recuperados. También se incautaron 92 kilos de drogas y 64 armas ilegales. Según Doria, que acompañó algunos de esos operativos, el gobierno de San Pablo va a “sofocar” a los criminales. “Conmigo será tolerancia cero con la violencia”, advirtió.

Pese a las advertencias de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, la política de combate a la criminalidad se ha convertido en la bandera que llevó al poder a varios gobernadores de Brasil y al propio presidente del país, Jair Bolsonaro. La preocupación por la seguridad también jugó un papel clave en las elecciones legislativas y marcó el perfil del próximo Congreso. Cuando empiece a funcionar, en febrero, el número de diputados y senadores identificados como policías o militares será cuatro veces mayor que en la anterior legislatura. La impronta militar también está estampada en el actual gabinete de Bolsonaro, que incluye a cinco integrantes de las Fuerzas Armadas y a otros cuatro con formación militar, en un total de 22.