Integrantes de comunidades indígenas, ambientalistas, docentes, dirigentes sociales y políticos serán los más beneficiados por el plan que anunció el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para liberar “presos políticos”. El mandatario dijo en una conferencia de prensa que se persigue el objetivo de “que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores y adversarios, como sucedía”. Todo esto, aseguró, para que “la cuarta transformación”, como ha llamado a su propio gobierno, “también signifique justicia”. Según dijo López Obrador, su administración buscará que se revisen los procesos judiciales de quienes están detenidos desde hace años sin tener una sentencia.

Un total de 368 casos comenzaron a ser analizados en diciembre por una mesa especial creada en el seno de la recién estrenada Unidad Especial para el Fortalecimiento de los Sistemas de Justicia de la Secretaría de Gobernación, que tiene las funciones del Ministerio del Interior. La mesa que revisa los casos está conformada por personal penitenciario, representantes de fiscalías, abogados, organizaciones sociales y especialistas. Desde que empezó a funcionar, fueron liberadas 16 personas, confirmó el martes la ministra de Gobernación mexicana, Olga Sánchez Cordero.

La funcionaria, asimismo, dijo que los casos que se analizan son de personas que fueron “privadas de la libertad injustamente”, y afirmó que la mesa especial halló “rezagos importantes” en el ejercicio de la justicia y una privación de la libertad “prácticamente ilegal”. A la hora de dar detalles sobre los presos involucrados, Sánchez Cordero explicó que varios se habían manifestado contra la reforma educativa impulsada por el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, o eran “ambientalistas de la zona norte de Puebla detenidos por pronunciarse en contra del fracking”. Manifestó que el nuevo gobierno “no puede permitir que la protesta social sea criminalizada”.

También fueron detenidos integrantes de comunidades indígenas encontrados con flores de amapola o marihuana “que no tuvieron la oportunidad de defenderse”, y mujeres que interrumpieron su embarazo en localidades en las que está penalizado el aborto. Acerca de estos casos, la ministra dijo que el Ejecutivo buscará apoyar a las mujeres con amparos para poder revisar sus casos en la Justicia.