El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró ayer que no cambiará la estrategia que implementó en diciembre contra el robo de combustibles porque su gobierno no está dispuesto a establecer “relaciones de complicidad con nadie”. Las declaraciones llegaron dos días después de una explosión que ocurrió durante una toma clandestina de un oleoducto de la petrolera estatal Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo. La detonación provocó la muerte de 85 personas y otras 81 sufrieron heridas, según los datos que actualizó el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. La investigación para esclarecer cómo se produjo la explosión está a cargo de la Fiscalía de México, que el fin de semana dijo que no descartaba ninguna hipótesis.

La explosión se registró el viernes de noche, dos horas después de que un grupo de personas perforó el oleoducto y empezó a sustraer la gasolina con bidones y garrafas. El Ministerio de Defensa confirmó que 25 soldados estaban presentes en el lugar porque tenían órdenes de vigilar las instalaciones, como parte del nuevo plan del gobierno, pero aclaró que no tenían órdenes de reprimir. El titular de esa cartera, Luis Cresencio, dijo el sábado que los militares intentaron disuadir a quienes se acercaban al oleoducto pero que estos hicieron “caso omiso y algunos se tornaron un poco agresivos”. Por su parte, familiares de las víctimas criticaron la “inacción” del Ejército y aseguraron que las fuerzas de seguridad no cumplieron con su deber de proteger a la población.

En cambio, López Obrador defendió ayer la actuación de las Fuerzas Armadas y aseguró que los funcionarios siguieron el protocolo de vigilancia establecido para los oleoductos. “Eso que hicieron es lo que está en el protocolo: llamar a la gente a que no se acerque [a la fuga de combustible]. Había inocencia entre la gente en pensar que no existían riesgos. No había una conciencia del riesgo que esto implicaba”, dijo el presidente en una conferencia de prensa.

El día anterior, en la primera declaración pública que hizo después del incidente, López Obrador manifestó que su gobierno “no va a apagar el fuego con el fuego” ni va a “enfrentar la violencia con la violencia”, porque esa “no es la solución”. Por eso, explicó, la decisión que se tomó fue la de “atender, primero, las causas que originan los hechos ilícitos”. Y repitió: “Esto no es asunto policíaco, militar, no se resuelve con medidas coercitivas. No podemos reprimir, porque detener significa en un momento dado desatar una represión”.

López Obrador lanzó el nuevo plan contra el robo de combustibles a fines de diciembre. El objetivo, argumentó, es cerrar una red de distribución de combustible ilegal que le genera a Pemex pérdidas de aproximadamente 3.000 millones de dólares. La estrategia, que consiste en cerrar las tuberías en las que algunos grupos instalan válvulas para extraer el combustible, provocó este mes una escasez generalizada de nafta en el centro del país, incluso en Hidalgo. Esto llevó a que se multiplicaran las tomas clandestinas.

La nueva política también establece un cambio del modelo de suministro de hidrocarburos por uno que implica camiones cisterna para trasladar la nafta y el aumento de la vigilancia de los ductos.

El fin de semana el presidente insistió en que, aunque “duela mucho”, México tendrá que “seguir con el plan de acabar con el robo de combustible” que, según dijo, “no sólo daña materialmente”, sino que también implica “el riesgo, el peligro, la pérdida de vidas humanas”. Agregó: “El gobierno va a actuar con rectitud y con honestidad. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”.

El titular de Pemex, Octavio Romero, dijo el sábado que el oleoducto que pasa por Tlahuelilpan es uno de los que ordenó cerrar el presidente y que, por esa razón, estaba sin operar con normalidad desde el 23 de diciembre. El oleoducto es uno de los más importantes del país y abastece a gran parte de la región central.

La noche del viernes López Obrador suspendió su agenda y se trasladó a Hidalgo para supervisar las acciones de atención y emergencia a los afectados. Desde allí confirmó que hoy mismo iniciará recorridos por los estados de México, Puebla e Hidalgo para reunirse con las comunidades y entregar a “casi un millón” de personas programas sociales que eviten que tengan que recurrir al robo de combustible.