El presidente francés, Emmanuel Macron, inauguró el martes el “gran debate nacional” con el que pretende responder a las demandas del movimiento de los “chalecos amarillos” y crear “un nuevo contrato social”. Eligió como escenario un gimnasio de la comuna normanda de Grand-Bourgtheroulde. Allí, frente a 650 alcaldes, el mandatario instó a los franceses a “transformar en oportunidad” el período de desafíos que atraviesa el país. Dijo que la “fractura social” que vive Francia “viene de muy lejos”, pero reconoció que ahora se agregaron otras fracturas “territoriales”, “económicas” y “democráticas” que afectan sobre todo a la clase media.

Los debates se extenderán durante los próximos dos meses. En cada uno de ellos el presidente planteará una serie de preguntas vinculadas con el gasto público, la estructura del Estado y de los servicios públicos, la transición ecológica y la democracia. El martes, en Normandía, Macron dijo que quiere que una discusión “sin tabúes”. Sin embargo, la oposición política y algunos voceros de los “chalecos amarillos” cuestionan que los asuntos a discutir hayan sido determinados por el presidente por anticipado y que no estén contempladas sus reformas fiscales o la eliminación del impuesto sobre la fortuna.

Las críticas más duras provinieron de la izquierda y la extrema derecha. El dirigente de la ultraderechista Agrupación Nacional Jordan Bardella dijo que el debate “es una forma de ganar tiempo de cara a las elecciones europeas”. Por su parte, el partido de izquierda La Francia Insumisa, liderado por Jean-Luc Mélenchon, manifestó que Macron no tiene la intención de aplicar las medidas que propongan los franceses y que se trata de “una maniobra de distracción” ante la protesta popular de los “chalecos amarillos”, que se ha intensificado desde que se inició, a mediados de noviembre.

Los Republicanos, de derecha, y el Partido Socialista, socialdemócrata, también criticaron que el presidente dictara los términos de un debate que, en principio, se suponía abierto a toda propuesta que se presentara. En ese sentido, cuestionaron que el gobierno haya nombrado a dos de sus miembros, el secretario de Estado de Administración Territorial, Sébastian Lecornu, y la de Transición Ecológica, Emmanuelle Wargon, como responsables de la organización de los debates en alcaldías y entes locales. Fue una medida de urgencia: los dos tuvieron que asumir la responsabilidad la semana pasada después de que la funcionaria que estaba a cargo de coordinar las consultas, Chantal Jouanno, se viera obligada a renunciar cuando se supo que ganaba cerca de 16.000 dólares por mes.