“Todos mis compañeros y yo somos inocentes. No robamos nada y no es casualidad que nuestras obras sean reconocidas internacionalmente”, dijo Milagro Sala, la dirigente de la Organización Barrial Túpac Amaru, minutos antes de que la Justicia de Jujuy la condenara a 13 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública. La sentencia fue emitida en el marco de la causa conocida como Pibes Villeros, en la que se investiga el desvío de fondos destinados originalmente a la construcción de viviendas por parte de cooperativas de Túpac Amaru y de otras organizaciones sociales de la provincia.

Junto con Sala fueron condenadas 30 personas más, entre cooperativistas, integrantes de organizaciones sociales y ex funcionarios jujeños. Los fundamentos de las condenas se darán a conocer la semana que viene.

El lunes, minutos después de la sentencia, la defensa de la dirigente social adelantó que apelará el fallo en todas las instancias y reiteró que no existen pruebas para condenarla. Cuando empezó el juicio, en julio de 2018, los abogados de Sala solicitaron su absolución y denunciaron “serias irregularidades” en las acusaciones al considerar que “existe una orfandad absoluta para proceder a una condena”. La Fiscalía había pedido 22 años de prisión para la dirigente, además de su inhabilitación absoluta.

Sala fue detenida hace exactamente tres años; desde entonces ha estado en prisión preventiva, sin condena. El juicio por la causa Pibes Villeros es el cuarto que enfrenta en estos tres años. Sin embargo, es la primera condena dictada en su contra que podría quedar firme y mantenerla encarcelada.

“No es verdad que desviamos fondos, nosotros presentamos todas las pruebas que demuestran lo contrario”, dijo Sala ayer a El Destape Radio, antes de agregar: “Todas las causas están armadas”.

Cuando todavía no habían pasado 24 horas desde el momento de la condena, la Justicia de Jujuy dispuso la prisión preventiva de la dirigente por otra de las investigaciones que enfrenta, esta vez en el marco de la “megacausa” que investiga el papel de Sala en la construcción de viviendas sociales por parte de distintas cooperativas, incluidas algunas administradas por Túpac Amaru. El juez a cargo, Isidoro Cruz, al tomar su decisión argumentó que existe peligro de que obstaculice la investigación.

Sala ya tenía una orden de prisión preventiva por la causa conocida como Luca Arias, en la que está imputada por supuestas lesiones agravadas a un militante de la Corriente Clasista y Combativa que murió seis meses después. La esposa de Arias, Luciana Santillán, insiste en que su esposo murió porque tenía leucemia y no por la acción de Sala.

En los otros dos juicios que enfrentó, la dirigente fue absuelta. En diciembre de 2017 la Justicia no pudo comprobar que Sala haya amenazado a la comisaria Ángela Cabrero, tal como denunció Gastón Morales, el hijo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El segundo juicio, el mes pasado, investigaba la “balacera de Azopardo”. Sala estaba acusada de “tentativa de homicidio por precio o promesa remuneratoria”, pero no se pudieron encontrar elementos que probaran que cometió ese delito, y fue absuelta.

La condena de Sala a 13 años de prisión provocó el rechazo de dirigentes políticos y activistas sociales. La ex presidenta argentina Cristina Fernández dijo en Twitter que el fallo significa “un paso más en la brutal persecución que sufre Milagro Sala, con una condena a medida de [el presidente argentino, Mauricio] Macri y Gerardo Morales”.