Crecen las sospechas de que el Partido Social Liberal (PSL), del presidente Jair Bolsonaro, hizo un uso ilegal de los fondos públicos destinados a fomentar las campañas femeninas.

En 2018 se definió que en la campaña electoral de ese mismo año los partidos políticos podían recibir fondos públicos destinados exclusivamente a promover las campañas de las mujeres, como una forma de fomentar la diversidad de género en la política brasileña. El PSL recibió en Minas Gerais unos 70.000 dólares que debían dedicarse a financiar parcialmente las campañas de cuatro candidatas a diputadas estatales. Sin embargo, las campañas de las mujeres no parecían contar con esos fondos; de hecho, según medios brasileños, ellas casi no hicieron campaña. Una quinta mujer iba a ser candidata, pero durante la campaña denunció estos desvíos, contó que la amenazaron y le exigieron que le diera el dinero de los fondos al PSL, y renunció a su candidatura.

El coordinador de campaña del PSL en Minas Gerais fue Marcelo Álvaro Antônio, actualmente ministro de Turismo, que fue investigado por la Policía Federal (PF) y el viernes fue denunciado por el Ministerio Público del Estado por los crímenes de falsedad ideológica electoral, apropiación indebida de recursos electorales y asociación criminal. La acusación llegó después de que la PF concluyera que el dinero formalmente declarado para las cuatro candidatas fue a parar a otras candidaturas, como la del actual ministro. Además de él, incluye a las cuatro candidatas y a uno de sus asesores, Haissander Souza de Paula.

En su edición de este domingo el diario Folha de São Paulo informó que fue este último quien dio algunas de las pistas fundamentales para que avanzara la causa. Souza de Paula dijo ante la Justicia que “parte de los fondos depositados para las campañas femeninas, en realidad, fueron usados para pagar material de campaña de Marcelo Álvaro Antônio y de Jair Bolsonaro”. Otra de las pruebas que se encuentran en el expediente, al que accedió el diario, es una planilla en la que figura el reparto de recursos en Minas Gerais, en la cual hay varios indicios de desvíos. En su peritaje sobre esta planilla, la PF concluye: “El análisis muestra indicios de que los valores pagados para la producción de material gráfico para Naftali y Camila [dos de las candidatas] fueron utilizados para la producción de material gráfico para otros candidatos del PSL”.

Un defensor en primera línea

El primer defensor de la campaña del PSL en general y de Bolsonaro en particular fue el ministro de Justicia, Sérgio Moro, quien además aseguró que tuvo acceso a la investigación, que está bajo secreto de sumario, algo que no debería suceder. El presidente hizo la campaña “más barata de la historia” y las acusaciones “no reflejan la realidad”, aseguró en Twitter, devolviendo la defensa que el presidente le había dado el viernes (ver recuadro).

Intercambio de favores

El ministro de Justicia, Sérgio Moro, defendió al presidente Jair Bolsonaro, pero este, a su vez, hizo lo propio el viernes, cuando se refirió a un tema que no suele tocar: la publicación en The Intercept Brasil de las conversaciones de Moro con los fiscales de la Lava Jato, que muestran varias irregularidades. El presidente dijo que los mensajes obtenidos de forma ilegal, como estos, no deberían ser validados por la Justicia como prueba. “Si se siguió la ley, todo bien; si no, está mal”, aseguró.

Esta no es la primera vez que Moro se jacta de haber leído una investigación, cuando no debería poder hacerlo, ya que su cargo como ministro no debería darle un acceso especial a los documentos judiciales. Ya en junio, Bolsonaro contó que Moro le había revelado el contenido de la investigación sobre este tema y que él estaba tranquilo.

Además de Moro, parlamentarios del PSL defendieron al mandatario y la transparencia de la campaña. También hubo reacciones de la oposición, que le reclamó explicaciones al presidente.

Otro encuentro con la Justicia

El presidente Jair Bolsonaro fue llamado por el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes para que dé explicaciones sobre su declaración de que los incendios en la Amazonia habrían sido generados por organizaciones civiles porque su gobierno les había “cortado el dinero público”.

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