El número de personas que murieron en el marco de las manifestaciones contra el gobierno de Chile ascendió a 20. Hasta ahora estos casos no se esclarecieron, pero en cinco de ellos hay indicios de que fueron víctimas de la represión que desplegaron policías y militares. Además, 1.132 civiles fueron heridos, de acuerdo con el último balance del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentado el lunes de noche.

En su mayoría, esas personas sufrieron el impacto de balas, perdigones, balines de goma y otras armas. Incluso uno de los observadores del INDH fue herido con siete balines ayer, después de publicado el balance. Los disparos de las distintas municiones causaron heridas oculares a 127 personas, y varias de ellas perdieron la visión.

También el Ministerio del Interior divulgó ayer sus números. El subsecretario de esa cartera, Rodrigo Ubilla, dijo que del 20 al 27 de octubre fueron heridos 530 civiles y 876 policías, y agregó que 997 personas fueron imputadas por enfrentarse con policías o por actos contra la propiedad durante las manifestaciones, 389 con prisión preventiva, según citaron la agencia de noticias Efe y el diario La Tercera. “El Ministerio del Interior ha presentado un total de 228 querellas, ya sea por seguridad del Estado o por incendios asociados a la destrucción de las estaciones del metro”, dijo Ubilla.

Por su parte, la vocera del gobierno, Karla Rubilar, dijo que las querellas se presentaron “contra personas e individuos determinados, con cara, con RUT, con nombre”, y agregó: “Los estamos identificando, los estamos deteniendo, y esperamos que al sacarlos de la calle la calle vuelva a ser tomada por manifestaciones pacíficas”, que deben “ser coordinadas con los intendentes de cada región”.

Violencia estatal

Mientras el gobierno impulsa estas acciones judiciales contra civiles, el Estado ha sido identificado como agresor de los manifestantes en diversas denuncias y en las imágenes tomadas por medios periodísticos que muestran la represión violenta de las protestas. Las denuncias comprenden casos de golpes, torturas y violencia sexual contra mujeres y hombres.

Uno de estos casos, el de Josué Maureira, se hizo público y llevó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a manifestar su “máxima preocupación”. Este estudiante de Medicina de 23 años relató que en la madrugada del lunes 21 estaba mirando hacia un supermercado saqueado y se decidió a entrar porque alguien gritaba pidiendo auxilio. Pero de inmediato llegaron los Carabineros, que lo golpearon hasta que quedó inconsciente, dijo.

Lo siguieron golpeando en un auto de la Policía y lo mismo hicieron en la comisaría del municipio Pedro Aguirre Cerda. Dijo que cuando vieron que tenía las uñas pintadas de rojo, la violencia aumentó. Lo obligaron a gritar “soy maricón”, le pegaron entre cuatro personas mientras otras miraban si hacer nada, lo agredieron sexualmente con una porra y lo amenazaron de muerte, denunció públicamente y ante la Fiscalía. Dijo que lo hizo “para que nunca más en Chile ninguna persona vea violados sus derechos humanos”.

Otro joven denunció, mediante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue retenido en un patrullero, golpeado y sometido a abusos sexuales. Suman 17 las denuncias de agresiones de tipo sexual por parte de policías y militares a civiles, en su mayoría mujeres, que sufrieron violaciones, manoseos y amenazas o fueron obligadas a desnudarse como método de amedrentamiento.

En respuesta a la violencia estatal, un grupo de personas protestó el lunes frente a una comisaría de Santiago, en el municipio de San Miguel, cerca de donde declaraba Maureira ante la Fiscalía. Según relató la agencia de noticias Efe, se concentraron allí desnudos, con el cuerpo pintado de blanco y con heridas, también pintadas. Colocaron carteles con el nombre de las 20 personas que murieron durante las movilizaciones y gritaron insultos a los funcionarios de la comisaría, a los que acusaron de violadores. En respuesta a los gritos, y sin que hubiera violencia física de parte de los manifestantes, la puerta de la comisaría se entreabrió y desde allí se les lanzó una bomba de gas lacrimógeno.

El lunes, otra protesta, convocada por las organizaciones de familiares de desaparecidos, presos y asesinados políticos de la dictadura, se congregó frente al Palacio de los Tribunales de Justicia para reclamar que las más recientes violaciones a los derechos humanos por parte del Estado chileno no queden impunes.

Mario Rozas, el director de Carabineros, dijo que “la labor de Carabineros en todo el país ha sido impecable”, informó La Tercera. El funcionario afirmó que los casos denunciados de violaciones a los derechos humanos son “la excepción”, y que se abrieron 14 sumarios administrativos para investigarlos.

Pilar San Martín, investigadora de Amnistía Internacional, no coincidió con Rozas. “Lo que estamos viendo en Chile es realmente grave”, y agregó: “Vemos indicios de graves violaciones a los derechos humanos, de uso excesivo de la fuerza, de posibles actos de tortura, de posibles detenciones arbitrarias, pero lo más importante es que lo vemos a un nivel masivo, y lo vemos durante una cantidad de tiempo muy mantenido con consecuencias muy graves para la población”.

Está previsto que hoy lleguen a Chile cuatro observadores de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya titular es la ex presidenta chilena Michelle Bachelet. Está programado que la visita, que fue pospuesta, se prolongue hasta el 22 de noviembre.

También para hoy, según informó La Tercera, diputados de distintos partidos de la oposición tienen planes de presentar una “acusación constitucional” contra el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, desplazado del cargo el lunes, en una renovación del gabinete con la que Piñera intentó aplacar a los manifestantes. “Vamos a pedir que de una vez por todas el ex ministro Chadwick asuma la responsabilidad política de la gente fallecida, herida, violentada en sus derechos humanos”, dijo el diputado socialista Juan Luis Castro. “No vamos a permitir que quede impune de su responsabilidad política, que él negó hasta el último minuto”, agregó. Otro diputado, Ricardo Celis, del Partido por la Democracia, agregó que todavía no está “definido el mecanismo en que se llevará a cabo la acusación”, pero que la oposición está decidida a impulsarla.

El nuevo titular del Interior, Gonzalo Blumel, se reunió ayer con los ministros de Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, y de Justicia, Hernán Larraín, así como con la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, para tratar la situación. Después del encuentro, Larraín declaró: “El gobierno va a enviar lineamientos a todos los servicios públicos y a las regiones para saber cómo debemos actuar con prontitud frente a hechos que significan mucha complejidad y mucho dolor. Estamos muy complicados, porque se han producido situaciones que efectivamente, aparentemente, parecen ser violaciones a los derechos humanos”.