En el primer día del paro general convocado para miércoles y jueves por decenas de organizaciones sociales nucleadas bajo la plataforma Unidad Social del Pueblo Chileno, se registraron enormes movilizaciones en la mayor parte del país, destacándose las más multitudinarias que se produjeron en la capital, Santiago.

Desde temprano en la mañana miles de personas se congregaron en muchos puntos de la mayor ciudad del país, donde anoche se aplicó el quinto toque de queda consecutivo, medida que se extendió prácticamente a todo Chile. Como venía pasando en los primeros días de las movilizaciones, se produjeron choques entre manifestantes y las fuerzas del orden, y sobre ese punto ayer se destacaron las múltiples denuncias comprobadas por el propio gobierno sobre la represión ejercida contra la población por parte de las fuerzas de seguridad.

En total, desde que comenzaron las protestas se registró la muerte de 18 personas, cinco de las cuales, de acuerdo a el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile, fueron asesinadas en el marco de acciones de agentes del Estado. El presidente de la INDH, Sergio Micco, se reunió ayer en el Palacio de la Moneda con el presidente, Sebastián Piñera, encuentro en el que también participaron el titular de Justicia, Hernán Larraín, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. Según consignó El Mercurio, Micco explicó: “Le hemos hecho ver al presidente de la República nuestra grave preocupación por la violación de los derechos humanos durante estos días. Quiero señalar que el presidente de la República nos ha reiterado que el gobierno va a dar pleno acceso a todos los recintos hospitalarios y policiales”.

Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH, detalló que se presentaron hasta ahora 46 acciones judiciales, de las cuales 37 son querellas y nueve son recursos de amparo. Cinco de las querellas son por homicidios, ocho por violencia sexual y 24 por apremios ilegítimos o torturas, según se informó en la cuenta de Twitter de la entidad.

De acuerdo a la información del INDH, los muertos por fuerzas del orden fueron Romario Veloz, en la región de La Serena, producto de un disparo en el cuello; Alex Núñez, en la Región Metropolitana de Santiago, producto de golpes en el cráneo y tórax; Kevin Gómez, en la ciudad Coquimbo, quien falleció por el disparo de un militar; Manuel Rebolledo Navarrete, arrollado por un vehículo de militares en la ciudad de Talcahuano, y José Miguel Uribe Antipán, asesinado de un disparo en la ciudad de Curicó.

La divulgación de estos episodios generaron muchas repercusiones a nivel político. El jefe de bancada del Partido Socialista en la Cámara de Diputados, Manuel Monsalve, calificó los hechos de gravísimos y exhortó a aclarar la situación. “Las detenciones ilegales y las torturas ocurren en dictadura, no en democracia, por tanto, el presidente y el ministro del Interior tienen que hacerse responsables de esclarecer esto ante el país y garantizar a los chilenos que el estado de excepción no implica violación a los derechos humanos”, manifestó el legislador, según consignó Prensa latina. Además, el diputado indicó que solicitará a la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, el envío de observadores para apoyar al INDH en la respuesta a la cantidad de denuncias.

Por su parte, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, durante una comparecencia en el Parlamento ayer, señaló no tener ninguna responsabilidad política por las muertes ocurridas desde que se desatara la crisis.

Hoy se estima que las movilizaciones proseguirán, mientras el gobierno sigue sin tener claro el rumbo que tomar, luego de que las medidas anunciadas en la noche del martes por el presidente Piñera no tuvieran ningún efecto para contener el estallido social que se vive en su país. Durante una conferencia de prensa, el mandatario, además de pedir perdón a los chilenos por su “falta de visión”, lanzó lo que él denominó como una “renovada agenda social”. Dentro de estas medidas se incluyen un aumento de 20% en las pensiones más bajas, el aporte del Estado en un sistema de pensiones que es privado, subsidios a los medicamentos, la creación de un salario mínimo garantizado, el congelamiento de las tarifas de electricidad, mayores impuestos a las personas de mayores ingresos y una reducción de los sueldos que reciben los parlamentarios, entre otras iniciativas.