Se investiga un caso de abuso sexual en la Unidad 9 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), donde están alojadas las mujeres privadas de libertad que viven con sus hijas e hijos. Dos enfermeros fueron señalados por abusar sexualmente de una mujer privada de libertad. A cambio de sexo oral, entregaban psicofármacos y alcohol en gel.

Héctor Suárez, director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), de quien depende el Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL), dijo en el programa Las cosas en su sitio de Radio Sarandí, que “no se plantea una denuncia de abuso sexual, porque lo que se plantea es una relación consentida para favorecer el ingreso de medicamentos y otras cosas”.

Después de que tomara estado público, Marlene Sica, vicepresidenta de ASSE, desmarcó a la institución de los dichos de Suárez en el mismo programa. “Las declaraciones del director de Salud Mental recaen en la responsabilidad de lo que él implica. En lo que respecta al directorio de ASSE, no tenemos esa información. Desde lo personal, profesional e institucional, no se comparte de ninguna manera. No hago propias del directorio las palabras del director de Salud Mental”.

Por sus dichos, el Directorio de ASSE definió este miércoles destituir al director de Salud Mental. Por su parte, los dos enfermeros fueron trasladados a una unidad “donde no hay mujeres privadas de libertad”. La coordinadora del centro de salud de la Unidad 9 fue cesada por “un manejo inadecuado, por informar tardíamente sobre el caso”. El hecho ocurrió el 15 de junio y se denunció recién el 11 de setiembre. Se generó una investigación interna en ASSE, cuyos resultados estarán en 15 días.

Por tratarse de un delito penal, la fiscal Sylvia Lovesio, de la Fiscalía de Delitos Sexuales de cuarto turno, tomó el caso. Se inició un proceso de investigación y se evalúan las citaciones correspondientes para determinar responsabilidades ante este delito.

La gestión de salud en cárceles atraviesa una crisis. Este movimiento se suma a la renuncia, en abril, del ex director de SAI PPL, Lauro Meléndez, tras trascender que bajo su dirección se negó medicación de profilaxis postexposición para el VIH a un hombre privado de libertad. Su lugar es ocupado ahora, interinamente, por Graciela Alfonso, pero ASSE hizo un llamado para ocupar ese cargo por concurso. La nueva dirección asumirá en estos días.