Mientras la situación política pero sobre todo social en Chile sigue convulsionada, el presidente Sebastián Piñera anunció ayer que su país desistió de ser sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y de la cumbre climática COP25, eventos previstos para noviembre y diciembre respectivamente.

Durante el anuncio, el mandatario chileno justificó la decisión remarcando que “nuestra primera preocupación y prioridad como gobierno es concentrarnos absolutamente en, primero, restablecer plenamente el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social”. Más tarde, el canciller chileno Teodoro Ribera remarcó que la decisión de no ser sede de los eventos no fue una cuestión de seguridad, sino una señal política. “La seguridad era posible de mantener y conservar; era la señal política que el presidente de la República quiso hacer, de no destinar en los próximos 60 días 20 de ellos a cumbres internacionales”, afirmó el canciller, según consignó Radio Cooperativa.

Paralelamente ayer en Chile prosiguieron las movilizaciones callejeras en Santiago, y una marcha de organizaciones sociales que se desarrolló en el marco de una nueva jornada de huelga general llegó hasta el frente al Palacio de la Moneda, donde fue dispersada por los Carabineros. A propósito, se sigue aguardando por la llegada al país de una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que investigará los abusos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado durante el estallido social que se produjo en el que país, en el que murieron 20 personas y resultaron heridas más de 1.200, algunas de ellas de gravedad. Mientras tanto, los sectores de oposición, liderados por el Frente Amplio, presentaron ante la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, iniciativa que cuenta con la aprobación de todas las bancadas de los sectores de centroizquierda. La iniciativa, según explicaron desde Convergencia Social, partido que impulsa la acción, se divide en dos capítulos en los que se responsabiliza al ex secretario de Estado violaciones a los derechos humanos que, aseguran, se han cometido desde que estalló la crisis social, y por las decisiones en materia de seguridad que se tomaron desde que se declaró estado de excepción la madrugada del 19 de octubre.

Asimismo, recalcan que pese a que Chadwick salió del gabinete de Piñera a comienzos de esta semana, aún es responsable por estos hechos, y la Constitución permite que un ministro sea acusado hasta tres meses después de haber dejado su puesto, de acuerdo a lo que informó el diario El Mercurio.