Lejos de amainar, las manifestaciones populares prosiguieron con gran intensidad ayer en Santiago y en muchas otras ciudades de Chile, después de un fin de semana lleno de acciones violentas que se saldaron con la muerte de 11 personas. Mientras en el Congreso los senadores aprobaban el proyecto que congeló el aumento de las tarifas del metro –tema que fue el detonador de los hechos que tienen lugar en Chile desde el viernes–, en las calles las movilizaciones proseguían, dejando en claro que lo que llevó a la masividad de las protestas no fue el aumento del boleto, sino muchas otras cuestiones emergentes que estaban latentes desde hacía largo tiempo en la desigual sociedad chilena.

El acceso a la educación de calidad, a la salud, a mayores pensiones y otros reclamos afloraron en estos días en la nación trasandina, que atraviesa su situación política más delicada desde la reinstauración de la democracia, en 1990.

Mientras organizaciones sociales y estudiantiles convocaban a salir a la calle, un enorme dispositivo de seguridad se desplegó en Santiago y en las principales ciudades del país, donde se replicaron las manifestaciones. En la tarde de ayer, el jefe de la Defensa Nacional, Javier Iturriaga, informó que, debido a la continuidad de las protestas, el toque de queda seguiría vigente en varias regiones y ciudades del país entre las 20.00 y las 6.00.

Si bien el tono general de las movilizaciones fue pacífico, se registraron algunos focos de violencia, sobre todo luego de la entrada en vigor del toque de queda, y en ese marco muchas personas denunciaron en las redes sociales todo tipo de abusos cometidos por las fuerzas policiales y militares desplegadas tras la orden del presidente Sebastián Piñera, quien en la noche del domingo, durante un breve discurso público, manifestó que su país estaba “en guerra”.

Las declaraciones del mandatario generaron muchas reacciones negativas, entre las que se destaca la de la ex presidenta Michelle Bachelet, quien actualmente se desempeña como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ex mandataria pidió ayer la apertura de un diálogo entre el gobierno de Chile y la sociedad civil para “calmar la situación”. “Exhorto al gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación”, dijo Bachelet, quien afirmó estar “muy preocupada y triste de ver la violencia, la destrucción, los muertos y los lesionados en Chile en los últimos cinco días”. En este sentido, la ex presidenta alertó, en directa referencia a los dichos de Piñera, que “el uso de una retórica inflamatoria sólo servirá para agravar aun más la situación, y se corre el riesgo de generar miedo en la población”. “Las autoridades deben actuar en estricta conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Cualquier aplicación del estado de emergencia debe ser excepcional y en base a la ley”, recalcó Bachelet, y subrayó que “hay acusaciones inquietantes del uso excesivo de la fuerza por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército”.

Sin una agenda legislativa definida, varios políticos manifestaron su parecer sobre cómo habría que encauzar la situación. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, perteneciente a la derechista Renovación Nacional, llamó a Piñera a ejecutar un cambio de gabinete e integrar, entre los reemplazantes, a representantes de otras fuerzas políticas, incluyendo a la oposición, a fin de asegurar la estabilidad del país.

En esa línea, en la noche de ayer Piñera dio un breve discurso desde el Palacio de la Moneda, en el que anunció para hoy una reunión con dirigentes de partidos políticos “de todos los sectores” para tratar la crisis que vive el país. “Esperamos mañana analizar nuestras ideas y las que nos propongan tanto nuestros partidos como los de la oposición. Estamos trabajando en un plan de reconstrucción”, afirmó el mandatario. El presidente anunció que ayer se extendió “el estado de emergencia a las regiones de Atacama y Los Lagos, porque la democracia tiene la obligación de defenderse de males como la delincuencia y la violencia”.