Continúa bloqueada la situación política en Ecuador, donde se está registrando una pulseada entre el poderoso movimiento social nucleado bajo la dirección de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el gobierno de Lenín Moreno, que debido a las movilizaciones de los indígenas hacia Quito trasladó la sede del gobierno a la ciudad costera de Guayaquil.
Los líderes de la Conaie, junto a miles de seguidores, se mantienen reunidos en la Casa de la Cultura de Quito, desde donde hicieron llegar sus demandas al gobierno de Moreno, que por ahora mantiene una posición intransigente. La entidad indígena, liderada por Jaime Vargas, exige que se dé marcha atrás a la eliminación del subsidio a los combustibles y varias reformas económicas y laborales. También reclaman las renuncias de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, a quienes acusan de ser los responsables directos de la represión contra los manifestantes indígenas, tanto en Quito como en otras ciudades del país. Este jueves, la Defensoría del Pueblo de Ecuador lamentó las muertes de cinco personas ocurridas desde que el presidente decretó el estado de excepción, la semana pasada. Además, la entidad informó que hay decenas de personas heridas y más de 800 detenidos.
Dentro de la Casa de la Cultura, donde ayer la Conaie mantenía retenidos a ocho policías y a algunos periodistas, se llevó a cabo el velatorio de Inocencio Tucumbi, dirigente fallecido durante incidentes del miércoles. “Con la sangre de nuestros hermanos no vamos a negociar. No hay ningún negocio con este gobierno nefasto, mentiroso, ladrón”, dijo el presidente de la Conaie.
Efectivamente, el diálogo de la organización indígena con el gobierno de Moreno es inexistente y, de hecho, oficialmente el Ejecutivo sólo reconoce la muerte de dos personas desde que se impuso el estado de excepción, como consecuencia del fin del subsidio a los combustibles que trajo como lógica un drástico aumento en el precio de ese insumo. Desde Guayaquil, el secretario general de la Presidencia, José Briones, puso como condición para el diálogo la liberación de los policías y de los periodistas que están retenidos.
La difícil situación en Ecuador generó preocupación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se ofreció para mediar si todas las partes están de acuerdo. “La ONU está dispuesta a considerar un papel de apoyo al diálogo si todas las partes pertinentes aceptan su participación”, declaró ayer el portavoz del organismo, Farhan Haq. El secretario general, António Guterres, por su parte, se manifestó preocupado por los recientes acontecimientos en Ecuador y recordó que se ha de respetar el derecho de reunión pacífica, de conformidad con el derecho internacional.