Tanto en La Paz como en la ciudad de Cochambamba tuvieron lugar este lunes masivas marchas de partidarios del mandatario depuesto Evo Morales, exigiendo la renuncia de la actual mandataria de facto boliviana, Jeanine Áñez.
En la capital la marcha llegó hasta las cercanías de la céntrica plaza Murillo, frente a la cual se encuentra el Palacio Quemado, sede del Ejecutivo boliviano. Mientras tanto, en Cochabamba las movilizaciones las encabezaron cocaleros, en su mayoría procedentes de la provincia del Chapare, feudo del ex presidente boliviano, que desde allí forjó su liderazgo, primero en el ámbito sindical y posteriormente en el político.
Paralelamente a las protestas, desde varios sectores se está comenzando a ejercer una presión cada vez mayor para que la mandataria Áñez fije la fecha para las elecciones. En ese sentido el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, dijo en declaraciones a la radio paceña Panamericana que el gobierno provisional no descarta llamar a nuevas elecciones mediante un decreto, ante la falta de acuerdos con el Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Si vemos que hay dificultades para poder convocar a las elecciones, una de las sugerencias que va a hacer el Ministerio de la Presidencia a la señora presidenta es que de manera inmediata convoquemos a elecciones a través de algún otro instrumento legal”, aseveró el jerarca, quien agregó: “Nuestra voluntad no es quedarnos en el gobierno más allá del lapso que establece la Constitución”.
Tras el golpe de Estado que destituyó a Morales y la asunción de Áñez –quien no cuenta con apoyo mayoritario en el Parlamento, que es dominado, tanto en el Senado como en la cámara baja, por el MAS– la falta de diálogo entre los sectores hace que sea difícil una modificación al sistema legal electoral que permita llamar a elecciones dentro de 90 días.
Durante el fin de semana la Unión Europea (UE) ofreció a Bolivia su cooperación para la celebración de nuevos comicios “creíbles” en el país, como alternativa para superar la crisis política que está atravesando.
De acuerdo a lo que informó la agencia Efe, el representante de la UE en Bolivia, León de la Torre Krais, se reunió con la presidenta. El diplomático mencionó en un contacto con los medios que la reunión sirvió para “reiterar el ofrecimiento” europeo de manera de que Bolivia pueda celebrar en el menor tiempo posible elecciones “transparentes y creíbles”.
Otra situación que está generando preocupación respecto de la situación en Bolivia es la del respeto por los derechos humanos. En ese sentido, Nadia Alejandra Cruz Tarifa, defensora del Pueblo del Estado Plurinacional, afirmó ayer que el estado de excepción sigue sumando violaciones a los derechos humanos. También precisó que las muertes se han producido por enfrentamientos entre civiles y, sobre todo, por la represión policial y militar. En una entrevista que tuvo con la radio argentina FM La Patriada, Cruz Tarifa dijo que desde el 23 de octubre al menos 23 personas fallecieron en los enfrentamientos.
“Desde el 23 de octubre a la fecha tenemos como registro 23 personas que han perdido la vida, 14 de ellas como consecuencia de impacto de balas en un contexto de operaciones entre policías y militares que están funcionando a partir del 11 de noviembre, aproximadamente”, afirmó la funcionaria.
Tarifa adelantó que la Defensoría presentará un pedido de inconstitucionalidad concerniente a la carta blanca que significa para militares y policías el decreto 4078, dictado por el gobierno de Áñez. “El decreto no considera las garantías mínimas establecidas en nuestro marco constitucional y en el sistema internacional de derechos humanos. Estos delitos deben considerarse como ordinarios y van a ir al sistema de Justicia penal. Vamos a insistir como Defensoría para que haya un procesamiento y sanción”, aseguró Tarifa.
Por su parte, Evo Morales, desde su exilio en Ciudad de México, denunció que el gobierno de facto prepara un estado de sitio para contener las protestas en contra del golpe de Estado. “Después de masacrar a 24 indígenas, ahora preparan un Estado de Sitio. Sería la confirmación de que pidiendo democracia instalaron una dictadura”, escribió este lunes Morales en su cuenta de Twitter.
Además, el líder del MAS criticó al Ejecutivo de Áñez, porque en vez de buscar la pacificación del país está ordenando la “difamación y represión” de los que exigen el respeto a la democracia.
Hablando de la represión ejercida en los últimos días por las fuerzas de seguridad bolivianas, ayer el gobierno español apoyó el inicio inmediato de una “investigación independiente” sobre la muerte de al menos nueve personas durante los enfrentamientos que se registraron el viernes en Sacaba, ciudad situada en la provincia de Cochabamba.
“El legítimo derecho de protesta debe ejercerse siempre por vías pacíficas”, y la protección del orden público a cargo de la Policía y de las Fuerzas Armadas debe realizarse “dentro de la legalidad boliviana y del Derecho internacional en materia de Derechos Humanos”, apuntó la cancillería española en un comunicado.