Una nueva jornada de violencia se vivió ayer en Bolivia, más específicamente en la localidad de Senkata, en la ciudad de El Alto. La represión policial y militar en los alrededores de una planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos se saldó con la muerte de tres personas, en tanto que más de 30 resultaron heridas. La situación de violencia se generó cuando un numeroso grupo de manifestantes afines al depuesto mandatario Evo Morales se reunieron en el lugar para evitar un operativo policial y militar que se proponía trasladar camiones cisterna con combustible hacia la vecina ciudad de La Paz. Los presentes fueron reprimidas por agentes policiales y también por helicópteros militares. La Defensoría del Pueblo confirmó que hubo tres muertos y al menos 30 heridos; las tres muertes habrían sido causadas por impactos de bala, según informó el diario paceño La Razón.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia estima que desde la caída del gobierno que encabezaba Morales murieron 26 personas en todo el país, en tanto que casi 750 resultaron heridas.

Lo ocurrido ayer causó una rápida reacción de Morales, quien desde su exilio mexicano escribió en su cuenta de Twitter: “Denuncio ante el mundo que el gobierno de facto al estilo de dictaduras militares nuevamente mata a mis hermanos de El Alto que resisten pacíficamente el golpismo y luchan en defensa de la vida y la democracia”. Además, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) denunció “ante la comunidad internacional que al viejo estilo de las dictaduras, la Plaza Murillo se encuentra cercada de tanquetas militares. El gobierno golpista de [Carlos] Mesa, [Luis Fernando] Camacho y [Jeanine] Áñez tiene un plan para cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió del riesgo de impunidad en hechos de violación de los derechos humanos en Bolivia, luego de que el gobierno de Áñez pusiera en vigencia el decreto que exime a los militares de responsabilidad penal por sus actuaciones en los operativos frente a los conflictos sociales. El organismo internacional hizo saber que “expresa su enérgica condena al uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reprimir recientes manifestaciones en Bolivia”. Ante ello, “urge al Estado a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad”. Así lo establece un comunicado de prensa divulgado por la entidad ayer.

Mientras esto sucede, a nivel político hay contactos entre representantes del Ejecutivo que lidera Áñez y del MAS para lograr una salida política a la situación. Por lo pronto, hoy el Senado se reunirá para comenzar a tratar un anteproyecto de ley para la convocatoria “inmediata” a nuevas elecciones generales, según informó la presidenta de la cámara alta, Eva Copa, según informó el diario cruceño El Deber.

“Los asambleístas tenemos la predisposición de ir a una elección, por eso mañana estamos convocando a la plenaria en la Cámara de Senadores, a fin de poder encarar un anteproyecto de ley para llamar a una nueva elección lo antes posible, como dice el mandato del pueblo”, afirmó ayer Copa en una conferencia de prensa. La legisladora ratificó que la suspensión de la sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional, prevista para ayer, respondió a la necesidad de pacificar la situación y propiciar espacios de diálogo para superar la convulsión social en la que está sumido el país.

Por su parte, desde el gobierno el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano Atalá, informó ayer que el Ejecutivo esperará un par de días más para concretar un acuerdo por la pacificación del país y que, en caso contrario, optará por convocar nuevas elecciones generales por decreto. “Es una de las probabilidades, pero es la última que estamos manejando; queremos seguir esperando la decisión de la Asamblea Legislativa. No podemos esperar mucho tiempo más, hay que preparar el calendario electoral; lamentablemente, cada día que pasa es uno menos, entonces, hemos dicho que podemos esperar un par de días”, dijo Atalá desde el Palacio Quemado, sede del gobierno boliviano en La Paz.